TUXTLA GUTIÉRREZ.- El pasado 28 de agosto, a espaldas del Parque Ecológico “El Arcotete”, en el ejido Agua de Pajarito, municipio de San Cristóbal de Las Casas, decenas de árboles de pino fueron talados sin ningún problema; sin embargo, esta es una imagen que, en Chiapas, es cada vez más constante.
De ese hecho, el cual quedó registrado en fotografías y un video que casi alcanza los dos minutos, no ha habido respuesta de ninguna autoridad, es decir ni de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ni de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ni de otra instancia.
Para Gerardo González Figueroa, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la madera tiene que ver con un desarrollo histórico y, por ende, con la explotación de mano de obra, pues los madereros, dijo, se han armado desde hace décadas no tanto para que no les robaran esa materia prima, sino para que no se les escaparan sus trabajadores, como una especie de esclavitud.
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En todo el corredor que va de San Cristóbal a Comitán, ejemplificó el experto, sin duda hay explotación de carbón y madera, “una actividad entre lícita e ilícita, y poco a poco estos grupos, que han controlado el poder desde el económico hasta el político, lo hacen al monopolizar servicios como el transporte, la misma madera”.
Después, agregó, se asocian otras cuestiones como la migración, el tráfico de armas y se le suma el elemento religioso. “Pero todo se resuelve por la vía de la violencia, pero, ¿qué hay detrás de todo esto?: explotación del bosque, de las rutas y del paso de mercancías”.
En ese sentido, declaró que no se puede explicar que alguien explota la madera y gane mucho dinero, sino de cómo se asocian esas personas o grupos y hacen pasar, casi como lícita, esas actividades que, al final de cuentas, están al margen de la ley.
OPERATIVOS “AMAÑADOS”
Por su lado, René Orantes, dirigente de la organización civil “Bosques y Gobernanza”, aseveró que la autoridad, en todos sus niveles, ha incurrido en aparentes actos de simulación para contrarrestar este tipo de “flagelos”, como hacer operativos “fuera de lugar” como Tapachula.
Si la situación no ha empeorado, dijo, ésta al menos se mantiene igual, debido a que no solo el actual gobierno, sino desde hace varios sexenios, ha habido “mano blanda” contra los grupos ecocidas.
De acuerdo con “Bosques y Gobernanza” y otras organizaciones civiles que luchan contra los talamontes ilegales, el 90 por ciento de la madera que circula en la geografía chiapaneca es ilegal.
Por ello, René Orantes externó que es irrisible por qué una actividad que es legal, como la obtención de madera, pasó a ser ilegal, como sucede con el narcotráfico.
“Porque la actividad (aprovechamiento de la madera) está sustentada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entonces hablamos de un fracaso de la política forestal y de las instituciones que tienen que ver con la misma, como la Profepa, Semarnat, Conafor y el mismo gobierno del estado”.
Incluso, reveló que cuando Jorge Constantino Kánter era delegado de la Profepa en Chiapas en el sexenio del gobierno verde-ecologista de Manuel Velasco Coello (hoy senador), “ese funcionario nos dijo: ‘Tenemos instrucciones del gobernador de no meternos con la tala ilegal’. Así o más claro, qué haces ahí”.
Entrevistado por aparte, León Enrique Ávila Romero, miembro del Consejo General de la Zona Sur de los Humedales en San Cristóbal de Las Casas, aseveró que, en la actualidad, se vive una depredación y devastación ambiental sin precedentes.
Por un lado, dijo, gente armada y propietarios ligados a partidos políticos se apoderan de los humedales de montaña; “hace unos años, en una lógica de eliminar todo tipo de disidencias, empoderaron a gentes que, primero, actuaron como grupos de choque, de corte paramilitar, y hoy ya hacen negocios talando árboles, vendiendo maderas, o extraen arena y destruyen las montañas o acaban con los humedales”.
El ingeniero en Agroecología y doctor en Sociología Rural coincidió en que no es una acción aislada por parte de un pequeño grupo de gentes, sino de una red que cada vez es más agresiva en el tema de la deforestación.
“Son agrupaciones armadas que se dedican a deforestar y no hay autoridad que les diga algo, que les entre”, declaró el entrevistado, quien recordó que tanta fuerza han tomado los mismos que, hace unos meses, ellos corrieron de San Cristóbal a la titular de la Semarnat.
Lo más preocupante, aceptó, es que esas bandas han acabado con “pulmones naturales” como la Reserva Quemvó Cuxtitali, en el mismo San Cristóbal, u otros espacios importantes. “Pero a esos grupos criminales los defiende hasta una diputada local, ¡imagínate!”
“PONLE NÚMERO AL BOSQUE…”
Con pruebas en mano e investigaciones que ha hecho en campo, Gerardo González, de Ecosur, refirió que el trasiego de cualquier cosa, incluida la de humanos, es un negocio muy redituable, como lo que sucede con la migración, donde el ‘pollero’ obtiene, por cada persona que tiene que pasar no solo la frontera sino llevarlo a un destino lejano, entre 180 mil hasta 220 mil pesos.
“Ahora, ponle número al bosque, ponle número al control del transporte… entonces, hablamos que la delincuencia organizada ocupa un espacio que el Estado no le está dando porque no hay empleo y una serie de problema, entonces ese negocio ‘sucio’ va en aumento”, argumentó.
Para él, las alternativas de solución tienen que legar no solo hasta la parte mediática, sino hasta la academia, partidos y organizaciones, mismos que no tienen que estar aislados de esa problemática para que, en un futuro no lejano, las políticas públicas cambien.
De nueva cuenta, Rene Orantes, de Bosques y Gobernanza, consideró que la tala hay que atenderla desde el origen, es decir desde las comunidades o donde sale esa materia prima, hasta llegar a los destinos, “¿a dónde llega la misma?”.
Solo de esa forma, dijo, se evitan efectuar operativos que resultan riesgosos y que se prestan a actos de corrupción, “pues a los que paran se les pide el ‘moche’ y no pasa nada, el mal ya está hecho”.
Otra cuestión que, consideró, ha generado que la actividad sea cada vez más “bajo el agua”, es la sobrerregulación de la actividad, “porque las dependencias que dan los permisos para aprovechamiento de la madera hacen muy tardado todo, costoso, y por ello la gente tiende a irse por la ilegalidad; y acá le sumamos la impunidad, porque no hay castigos, hay acuerdos explícitos o implícitos con el gobierno”.
En cuanto a la voluntad de la autoridad para paliar esta problemática, recordó que ya habían planteado una estrategia ante el Consejo Estatal Forestal, teóricamente presidido por el actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pero cuando trataron de hacer un convenio para echarla andar, no se logró.
Sobre este tipo de situaciones, León Ávila, del Consejo General de la Zona Sur de los Humedales en San Cristóbal, evidenció que un claro ejemplo de que las autoridades y los grupos delincuenciales están en contubernio, es lo que ocurre en San Cristóbal de Las Casas:
“El actual presidente Mariano Díaz Ochoa ha permitido la destrucción de los espacios naturales; por ejemplo, a los humedales siguen entrando camiones tipo ‘volteo’, a pesar de que él firmó una declaratoria para cuidar esos espacios, y ya dejó de mandar patrullas”.
Para él, si en México se metiera un sistema de código de barras (QR) en el seguimiento de la madera que es sacada legalmente, para diferenciarla de la ilegal, eso le generaría al Estado mexicano cerca de 100 mil millones de pesos anuales, en captación de impuestos.
(djh)