Pachuca.— La figura de extinción de dominio, introducida en la legislación mexicana en 2008 con una reforma constitucional y reforzada en 2018 y 2019, se ha consolidado como una herramienta fundamental para que el Estado combata a la delincuencia organizada. Tal como lo explica el juez Saúl Ferman Guerrero, esta figura permite que el Estado declare la extinción del derecho de propiedad o posesión originaria sobre bienes muebles e inmuebles en favor del Estado, con el objetivo de despojar a los grupos criminales de los recursos obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas.
Implicaciones para la vida cotidiana y recomendaciones
La extinción de dominio no sólo afecta directamente a los criminales, sino que también tiene implicaciones para los ciudadanos en su vida cotidiana. El juez Ferman Guerrero enfatiza la importancia de medidas preventivas, especialmente para quienes son arrendadores.
Recomienda celebrar los contratos de arrendamiento ante Notario Público y cumplir con el pago de impuestos. Esto se debe a que, si se comete un delito en un bien arrendado, el dueño podría perderlo, incluso si no tenía conocimiento de las actividades ilícitas.
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La extinción de dominio procede cuando los bienes han sido instrumento, objeto o producto de delitos como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
Casos recientes de extinción de dominio en Hidalgo
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ha iniciado 87 demandas de extinción de dominio de bienes de carácter patrimonial en los juzgados civiles de Pachuca.
Apenas el pasado lunes 16 de junio se publicitó el inicio de las demandas de extinción de dominio en el Juzgado Tercero Civil, con el número de expediente 500/2025, contra Adán Moedano González, respecto de un vehículo marca Hummer (Familia Am General), Submarca H2, tipo todo terreno, color negro, modelo 2006.
Asimismo, la Procuraduría inició demanda en el Juzgado Primero Civil, bajo el expediente número 421/2025, en contra de Juan Martínez Herrera, Rosa Guadalupe Ruiz Medina, Virginia Hernández Percastegui, respecto de un vehículo marca Jeep, submarca Patriot, modelo 2007, color gris.
También, el Juzgado Primero Civil, recibió la demanda número 405/2025, promovida por la PGJEH en contra de Paulina Cerón Hernández, para aplicar extinción de dominio sobre un inmueble ubicado en calle 2 dos de abril sin número, colonia Dendhó, localidad de Atitalaquia.
El Juzgado Primero Civil radicó el expediente número 450/2025 en contra de Jaime Domínguez Padilla, en donde el bien objeto de la extinción de dominio es un terreno urbano y construcción ubicado en el Cuartel Número cuatro, en la calle Churubusco, en Actopan, Hidalgo.
El Juzgado Tercero Civil inició el expediente 472/2025 contra Roberto Nepomuseno Zúñiga, respecto de un inmueble identificado como Lote 15, manzana 20, de la zona 1, del poblado de Santiago Tlautla, Tepeji del Río de Ocampo.
En todos los casos, se ordenó la anotación preventiva de la demanda en el Instituto de la Función Registral, para dar publicidad de la acción legal sobre los bienes afectados y evitar que los dueños pretendan venderlos.
Qué es la extinción de dominio
Inicialmente, la extinción de dominio estaba concebida para aplicarse a bienes involucrados en algún delito. Sin embargo, una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021 declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para limitar la extinción de dominio únicamente al origen de los bienes.
La sentencia estableció que la extinción de dominio sólo procede si no se logra demostrar el origen lícito del bien, conforme a lo establecido en el Artículo 22 de la Constitución. El destino de los bienes extinguidos debe ser para beneficio público.
De acuerdo con el juzgador Saúl Ferman, para que proceda una demanda Civil de extinción de dominio, se deben cumplir con requisitos específicos: Acreditar que se trata de bienes de carácter patrimonial, esto significa que se trate de bienes tangibles, ya sea un inmueble que esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del demandado o un bien mueble en posesión del mismo.
En segundo lugar, se debe acreditar que el bien se encuentra relacionado con la investigación de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional, resultando objeto o producto del delito.
Es importante señalar que el procedimiento de extinción de dominio es autónomo del penal. Incluso el resultado de la sentencia penal no debe influir en la sentencia de extinción de dominio, lo que subraya la independencia de este proceso civil.
Los anteriores requisitos deben ser acreditados por el agente del Ministerio Público en la demanda civil, mientras que el demandado debe comprobar que el bien del que se pretende la extinción de dominio fue adquirido de forma lícita.
Gabinete social
Recientemente, en Hidalgo se llevó a cabo la instalación del Gabinete Social, mismo que tendrá la función de supervisar y validar los procesos relacionados con la recuperación y destinos de bienes públicos, ello en coordinación con el Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado.
Tendrá la función de administrar los recursos y bienes recuperados y que provienen de actividades ilícitas, y destinarlos a programas prioritarios en beneficio directo de la población hidalguense, tales como en materia de salud, educación, infraestructura básica y bienestar comunitario.
Recuperaciones en el tintero
El contralor estatal, Álvaro Bardales, ha mencionado que en general suman cerca de 500 millones de pesos, los asegurados, 200 millones en numerario y el resto en bienes muebles e inmuebles; por mencionar alguno, recordó que el espacio que actualmente alberga la Casa de las adolescentes, así como las canchas de tenis, fueron recuperados, pues en la pasada administración se habían dado en donación a la familia de la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo.
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