Cada 12 de julio los abogados recibimos felicitaciones. Se habla de nuestra vocación, de la defensa de la justicia y del compromiso con el Estado de derecho. Es una fecha que invita al reconocimiento, pero también a una pregunta que quizá resulte incómoda: ¿qué estamos celebrando realmente?
La respuesta no es sencilla. Mientras algunos celebran una profesión indispensable para la vida democrática, millones de personas siguen percibiendo a la justicia como un privilegio reservado para quien puede pagarla, esperar años o entender un lenguaje jurídico que, con frecuencia, parece diseñado para excluir antes que para explicar. No toda esa responsabilidad recae en los abogados, desde luego. Las deficiencias institucionales, la insuficiencia presupuestal, la corrupción y la impunidad tienen causas mucho más profundas. Sin embargo, sería un error asumir que la profesión es únicamente víctima de ese sistema. También forma parte de él y, en ocasiones, contribuye a perpetuarlo.
Durante décadas hemos construido una cultura jurídica que, muchas veces, premia la complejidad por encima de la claridad. Pareciera que mientras más difícil resulte entender un contrato, una demanda o una sentencia, mayor prestigio tiene quien la redactó. Hemos normalizado un lenguaje inaccesible para el ciudadano común, olvidando que el Derecho nació para servir a las personas y no para convertirse en un conocimiento reservado para unos cuantos.
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Tampoco podemos ignorar otra realidad: hay abogados que han confundido el derecho de defensa con la obligación de ganar a cualquier costo. Retrasar procedimientos, abusar de recursos procesales, privilegiar el conflicto sobre la solución o alimentar litigios innecesarios no fortalece la justicia; la debilita. Cuando el interés económico desplaza al compromiso ético, la profesión pierde parte de su legitimidad social.
Quizá por eso la confianza ciudadana hacia el sistema de justicia sigue siendo una asignatura pendiente. Cada vez que una persona afirma que "la ley solo beneficia a quien tiene dinero" o que "todos los abogados son iguales", no solo está expresando una percepción equivocada o exagerada. También está reflejando una distancia que la profesión no ha sabido cerrar. La buena noticia es que la solución no depende exclusivamente de reformas legales. También exige un cambio de actitud dentro del gremio. Necesitamos abogados que expliquen antes que confundan; que concilien antes que confronten; que entiendan que un asunto ganado no siempre representa un problema resuelto. El prestigio de la profesión no se recuperará mediante campañas de imagen, sino con un ejercicio cotidiano basado en la honestidad, la preparación y la empatía.
Hoy enfrentamos, además, un desafío inesperado. La inteligencia artificial ya redacta escritos, analiza jurisprudencia y ofrece respuestas jurídicas en segundos. Si el valor de un abogado consistiera únicamente en conocer leyes o elaborar formatos, la tecnología terminaría sustituyendo buena parte de ese trabajo. La diferencia seguirá estando en aquello que ninguna herramienta puede replicar plenamente: el juicio ético, la sensibilidad para comprender el conflicto humano y la capacidad de construir soluciones justas.
Por eso, quizá el mejor homenaje al Día del Abogado no sea intercambiar felicitaciones entre colegas. Tal vez el verdadero reconocimiento consista en preguntarnos si nuestra práctica profesional acerca la justicia a las personas o la vuelve más lejana; si contribuimos a recuperar la confianza ciudadana o alimentamos el desencanto.
Porque la abogacía no necesita más elogios. Necesita más autocrítica. Y pocas profesiones tienen una responsabilidad tan grande como la nuestra: recordar, todos los días, que detrás de cada expediente hay una persona que no busca un argumento brillante, sino una solución justa en la que todos los operadores jurídicos estamos obligados a proporcionar.
Violeta Sosa Zamora, columnista de LSR Hidalgo.