La Suprema Corte acaba de decidir que las escuelas privadas en México no son instituciones especiales, son proveedores de servicios y los padres que pagan son consumidores con derechos. Esto es importante porque miles de familias mexicanas pagan matrícula en escuelas privadas muchas veces con sacrificios, pero ante una escuela que falla porque no devuelve lo pagado, cobra servicios que no prestó e incumple promesas, se desconocía a quién recurrir.
Esta decisión derivó de que un padre pagó útiles escolares y gastos generales en una escuela privada pero sus hijos no asistieron, pidió reembolso pero la escuela se negó. El padre acudió a la Profeco pero la escuela no asistió a la audiencia de conciliación, actuando como si un padre inconforme no importara porque pensaba que las leyes de protección al consumidor no le aplicaban.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la escuela es una institución educativa para efectos de su regulación educativa, pero también es un proveedor de servicios que cobra dinero por lo que está sujeta a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
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Hasta ahora, las escuelas privadas cobraban mensualidades, cuotas adicionales, gastos de inscripción, útiles obligatorios y si algo salía mal no proporcionaba los servicios contratados y ante el retiro de los alumnos se pedía reembolso, pero los padres estaban indefensos, ahora la Profeco puede intervenir para revisar si la escuela cumplió lo que prometió, exigir reembolsos, imponer multas, etcétera.
También existe algo importante en esta sentencia de la Corte, se reconoce que la protección al consumidor y la regulación educativa pueden coexistir, el Estado sigue siendo responsable de vigilar planes, programas, autorizaciones de validez oficial. Pero también está Profeco vigilando que las condiciones económicas y contractuales sean justas. Existen dos niveles de protección: uno para la calidad educativa y otro para los derechos de quienes pagan.
Por ello es importante que los padres se enteren de esta herramienta porque las escuelas privadas también se encuentran sujetas a vigilancia ya que el dinero que pagan debe ser usado para lo que se contrató y si hay incumplimiento, debe haber consecuencias.
Lo anterior significa que miles de familias que creían estar desprotegidas ante escuelas privadas, ahora saben que tienen derechos y que hay quien los puede defender, pero siempre teniendo presente que existen obligaciones que cumplir como consumidores.
Violeta Sosa Zamora, columnista de LSR Hidalgo.