En el imaginario colectivo, el abogado es quien defiende derechos, combate injusticias y procura que la ley prevalezca sobre la arbitrariedad. Es el profesionista al que se acude cuando la libertad, el patrimonio, la familia o incluso la dignidad de una persona se encuentran en riesgo. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a formular una pregunta igual de importante: ¿quién defiende al abogado cuando es él quien enfrenta una injusticia?
La profesión jurídica exige preparación constante, fortaleza emocional y un profundo compromiso ético. Quien ejerce el Derecho sabe que cada decisión, cada argumento y cada actuación puede impactar de manera trascendental en la vida de otras personas. Paradójicamente, ese mismo compromiso no siempre encuentra reciprocidad cuando el abogado necesita que sus propios derechos sean respetados.
En el litigio, no son pocos quienes enfrentan descalificaciones personales, amenazas, agresiones verbales e incluso riesgos para su integridad física por el simple hecho de representar los intereses de un cliente. Con frecuencia se confunde al abogado con la causa que defiende, olvidando que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada y que la labor del profesionista consiste precisamente en garantizar que el debido proceso sea una realidad y no una simple declaración constitucional.
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En el servicio público, muchos abogados desarrollan su labor bajo una enorme presión. Jornadas que exceden lo razonable, cargas de trabajo cada vez mayores, limitaciones presupuestales, distinción de trato, falta de reconocimiento institucional y, en ocasiones, incertidumbre laboral forman parte de la realidad cotidiana de quienes trabajan en todas las áreas relacionadas a la seguridad y la justicia. A lo anterior se suma el escrutinio permanente de una sociedad que legítimamente exige resultados, pero que no siempre conoce las complejidades técnicas y humanas que existen detrás de cada expediente y lo inimaginable: despidos injustificados y cese masivos.
Las redes sociales han abierto un nuevo escenario de riesgos. Hoy basta un video, una publicación o un fragmento de información fuera de contexto para que un abogado sea señalado públicamente, juzgado y condenado por la opinión pública antes de que exista una investigación seria o una resolución definitiva. La presunción de inocencia, principio que los juristas defendemos para toda persona, con frecuencia parece desaparecer cuando quien ocupa el banquillo de la crítica es precisamente un abogado.
También existe una realidad poco visible: el desgaste emocional. Escuchar diariamente historias de violencia, conflictos familiares, pérdidas patrimoniales, delitos o profundas injusticias deja huellas. A pesar de ello, la profesión suele exigir fortaleza permanente, como si el abogado no pudiera experimentar cansancio, frustración o incertidumbre. Detrás de la toga, del traje o del escritorio existe un ser humano que también necesita respeto, equilibrio y condiciones dignas para ejercer su profesión.
Lo anterior no significa que los abogados deban estar exentos de responsabilidad. Al contrario. La sociedad tiene derecho a exigir ética, honestidad, preparación y transparencia a quienes ejercemos esta noble profesión. Cuando un abogado actúa al margen de la ley, debe responder conforme al orden jurídico. Pero precisamente porque creemos en el Estado de Derecho, también debemos rechazar las condenas anticipadas, la estigmatización generalizada y cualquier forma de violencia contra quienes ejercen la abogacía con profesionalismo.
Defender los derechos de los abogados no representa un privilegio corporativo. Significa proteger una función esencial para el funcionamiento de la justicia. Cuando un abogado es intimidado por cumplir con su deber, cuando un operador jurídico trabaja en condiciones indignas o cuando el descrédito sustituye al análisis objetivo, no pierde únicamente el profesionista: pierde el sistema de justicia y, con él, toda la sociedad. Tal vez ha llegado el momento de recordar que quienes dedicamos nuestra vida a defender los derechos de los demás también somos titulares de derechos humanos. Merecemos el respeto a nuestra dignidad, a nuestra integridad, a nuestra presunción de inocencia, a condiciones laborales justas y al libre ejercicio de una profesión indispensable para la democracia y el Estado de Derecho.
Porque una justicia verdaderamente humana no solo protege a quien acude en busca de ayuda; también protege a quienes, con vocación y responsabilidad, han decidido dedicar su vida a hacerla posible.
Violeta Sosa Zamora, columnista de LSR Hidalgo.