En México, cada día son asesinadas en promedio 10.8 mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Eso es una mujer asesinada cada 1 hora 54 minutos. Pero el problema no es solo la violencia, el problema es la impunidad. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 95% de los feminicidios en México quedan impunes. Es decir, de cada 100 mujeres asesinadas, en 95 casos el responsable nunca es castigado.
Uno de los problemas es la tipificación. De las 4,581 mujeres asesinadas en 2024, solo 827 fueron clasificadas como feminicidios por las fiscalías estatales. ¿Qué pasó con las otras 3,754? Fueron registradas como "homicidio doloso", esto no es un tecnicismo irrelevante. Tipificar la muerte de una mujer como homicidio en lugar de feminicidio tiene consecuencias legales y políticas graves. El feminicidio tiene penas más altas, el homicidio simple tiene penas menores, si se maquillan las cifras, se ven mejor, pero las mujeres siguen muertas.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó que en estados como el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León —los cinco con más feminicidios— existe una brecha enorme entre los casos que las organizaciones civiles identifican como feminicidios y los que las autoridades registran como tales. En algunos estados, la diferencia es del 300%. Es decir, por cada feminicidio que la fiscalía reconoce, hay tres que no clasifica como tales.
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El segundo problema es la investigación, o más bien, la falta de ella. Según datos de la propia Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales y otras instituciones, solo el 5.4% de los delitos en México resultan en una sentencia condenatoria. En feminicidios, la tasa es incluso menor, según la CNDH, solo entre el 3% y el 5% de los feminicidios terminan en sentencia. Porque las carpetas de investigación se archivan, las fiscalías no recaban pruebas, los ministerios públicos no cuentan con capacitación en perspectiva de género, no hay peritos suficientes, las líneas de investigación se abandonan, etcétera.
Pero lo más grave es que muchas de estas mujeres habían denunciado antes de ser victimadas, según datos del INEGI, el 43.9% de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. Y según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, solo el 10.5% de las mujeres que sufren violencia denuncia. De las que denuncian, pocas obtienen órdenes de protección. Ingrid Escamilla denunció violencia. Fue asesinada en 2020. Su agresor la desolló y subió fotos a internet. Lesvy Berlín denunció violencia. Fue asesinada en 2017.
Las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) -mecanismos de emergencia que obligan a los gobiernos estatales a tomar medidas inmediatas para proteger a las mujeres- existen desde 2007, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), actualmente hay 24 declaratorias activas de ese tipo en 22 estados de la República, pero según análisis del OCNF, en ninguno de los estados con alerta activa han disminuido significativamente los feminicidios. Cualquier persona acusada de feminicidio debe permanecer en prisión durante el proceso porque representa un peligro, pero en la práctica, se buscan formas de liberar a los acusados.
Y la impunidad tiene consecuencias, no solo para las familias de las víctimas, que nunca obtienen justicia, sino para todas las mujeres. Porque tener leyes no es lo mismo que aplicarlas, para esto se requiere voluntad política, presupuesto, capacitación, fiscales que investiguen y jueces que actúen con perspectiva de género, y un Estado que realmente considere que la vida de las mujeres importa. México tiene feminicidios, tiene impunidad, pero también una ausencia educacional que deriva en todas las formas de violencia contra las mujeres que estamos todos obligados a cambiar.
Violeta Sosa Zamora, columnista de LSR Hidalgo.