OPINIÓN

Cuando el derecho a la educación no se negocia

Un amparo concedido por la Suprema Corte constituye un precedente judicial importantísimo, ya que cualquier estudiante de alguna universidad pública del país puede ahora promover este recurso y exigir que se respete su derecho a la gratuidad | VIOLETA SOSA ZAMORA

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La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a una estudiante de maestría en una Universidad Autónoma para que no pagara su inscripción porque la Corte señaló que los derechos constitucionales no están sujetos a disponibilidad presupuestaria, porque si la gratuidad de la educación depende de que haya dinero, entonces no es un derecho ya que eso fue lo que argumentó la institución señalando que la reforma constitucional de 2019 no era de aplicación inmediata, porque había que esperar a que se asignara presupuesto y la progresividad permitía seguir cobrando mientras tanto.

Pero la Suprema Corte desacreditó ese argumento al señalar que la Constitución no establece ninguna gradualidad, porque dispone que la educación será gratuita, pero no lo condiciona a que haya presupuesto y la Ley General de Educación no puede estar por encima de lo que establece la norma fundamental.

Porque si aceptamos que los derechos constitucionales están sujetos a disponibilidad presupuestaria, entonces ningún derecho está garantizado. La salud pública sería gratuita "cuando haya dinero". El acceso a la justicia sería universal "cuando alcance el presupuesto". Los derechos laborales se respetarían "cuando la economía lo permita".

Este amparo constituye un precedente judicial importantísimo, ya que cualquier estudiante de alguna universidad pública del país puede ahora promover un amparo citando este criterio y exigir que se respete su derecho a la gratuidad.

Porque al final, de eso se trata este caso, no de si quince mil pesos es mucho o poco. Sino de si los derechos constitucionales son derechos o son privilegios disfrazados.

La Suprema Corte dijo que son derechos, que cuando la Constitución promete algo, no puede condicionarlo a "cuando haya presupuesto" ya que los derechos fundamentales no esperan.

Esta estudiante no debió llegar hasta la SCJN para que le respetaran un derecho que ya estaba en la Constitución desde 2019. Pero tuvo que hacerlo y ganó con eso, nos recordó a todos algo que deberíamos tener siempre presente:

Los derechos que no se ejercen, se pierden. Y los derechos que no se defienden, se convierten en letra muerta.

Que esta sentencia sea un recordatorio de que cuando la Constitución establece la  gratuidad, no lo será cuando nos convenga, significa que se debe observar a partir de que entre en vigencia a disposición para respetarse siempre, siendo obligación de las autoridades respetarla, no una carga para el ciudadano.

Violeta Sosa Zamora, columnista LSR Hidalgo.

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