El cambio climático no golpea por igual. Aunque las emisiones de gases de efecto invernadero han sido generadas, en su mayoría, por los países industrializados durante los últimos dos siglos, quienes sufren los efectos más graves no son quienes más contaminaron, ni quienes más recursos tienen para adaptarse. El calentamiento global ha convertido a la desigualdad en una ecuación mortal: mientras unos discuten en cumbres y paneles técnicos, otros enfrentan inundaciones, sequías, migración forzada y crisis alimentarias sin margen de maniobra. La justicia climática ya no es un debate filosófico. Es una urgencia política.
En América Latina, África y el sudeste asiático, millones de personas viven en territorios altamente expuestos al cambio climático, con instituciones frágiles, infraestructura débil y economías condicionadas por deudas históricas. En países como Haití, Honduras o Nigeria, un solo evento climático extremo puede devastar por completo el sistema agrícola, sanitario y energético. No se trata de eventos aislados, sino de una cadena de impactos que se agravan mutuamente y que terminan reforzando los círculos de pobreza y marginación.
La justicia climática exige replantear las reglas del juego global. No basta con transicionar hacia energías limpias si se deja atrás a quienes ni siquiera han tenido acceso pleno a la energía convencional. No es ético imponer estándares de mitigación a países que apenas empiezan a desarrollarse, mientras los gigantes industriales continúan subsidiando sus sectores fósiles. Tampoco se puede hablar de adaptación si no se garantiza financiamiento real, transferencia de tecnología y acompañamiento institucional. Y mucho menos puede hablarse de neutralidad climática cuando las naciones con mayor huella histórica eluden sus responsabilidades.
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Fondo Verde para el Clima
Las cumbres internacionales lo saben, pero evitan decirlo con todas sus letras. El Fondo Verde para el Clima, creado en 2010, sigue sin alcanzar los niveles de financiamiento prometidos. Los compromisos de las economías del G20 son, en su mayoría, voluntarios, y muchas veces incumplidos. Mientras tanto, comunidades indígenas, pescadores artesanales, agricultores de subsistencia y habitantes de periferias urbanas en el sur global sobreviven a un presente que nunca eligieron.
México, con un papel ambiguo
México, como economía intermedia y con enormes desigualdades internas, tiene un papel ambiguo: víctima en algunos frentes, cómplice en otros. Sus ciudades concentran contaminación, su sector energético aún depende del petróleo, pero sus comunidades rurales son de las más vulnerables del continente. La pregunta es si el país usará su voz internacional para empujar un nuevo pacto climático más justo o si se conformará con los márgenes que le impongan.
El cambio climático ya está aquí, pero la respuesta global sigue siendo asimétrica. ¿Podremos imaginar una transición verde que también sea justa? ¿O repetiremos la historia de siempre, donde los que menos tienen, además de cargar con su pobreza, deben cargar con los daños de un modelo que nunca construyeron?
José Luis Lima González, columnista de LSR Hidalgo. X: @pplimaa
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