El reloj institucional sigue corriendo y, con él, se alarga la espera de una evolución que en otros estados ya es historia: la transición de Procuraduría a Fiscalía. Hidalgo es la única entidad del país que conserva el viejo modelo de Procuraduría General de Justicia, y ahora, con una nueva prórroga aprobada por el Congreso local —que debería haberse concretado este mes— se pospone hasta julio de 2028.
Tres años que se suman a una espera que ya lleva más de una década desde la reforma constitucional de 2008 que ordenó a los estados transitar hacia fiscalías autónomas para contar con una instituciones plenamente independiente, moderna, profesionalizada y ajena al control político, al menos ese es el objetivo.
No se trata solo de “alinearse” con una reforma nacional, sino de dar el paso hacia un sistema donde la justicia sea técnica, independiente y confiable.
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Las autoridades aseguran que el aplazamiento tiene fundamentos técnicos, presupuestales y administrativos. Hablan de la complejidad del proceso, del rediseño operativo, de los reglamentos pendientes, de la infraestructura tecnológica en curso; sin embargo, estas tareas se iniciaron en 2022, cuando se instaló en Hidalgo formalmente la Comisión Interinstitucional de Transición.
Sin debate legislativo
El Congreso de Hidalgo aprobó, con 26 votos a favor, una prórroga de tres años al proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia; sin embargo, todo se dio sin debate legislativo, incluso, los diputados de oposición ni si quiera subieron a tribuna para emitir alguna postura.
Durante la presentación del dictamen, la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez argumentó que, aunque existen avances en el diseño de la Ley Orgánica, el Modelo de Gestión, la Política de Persecución Penal y la infraestructura tecnológica, aún hay pendientes importantes, como la validación de normas secundarias, el diseño presupuestal autónomo y la creación de reglamentos internos.
Entre los principales ejes del rediseño se encuentran la implementación de un Nuevo Modelo de Gestión con atención temprana, tramitación masiva de casos y litigación especializada; un Servicio Profesional de Carrera con reglas claras de ingreso y promoción; así como una reconfiguración presupuestal que considere finiquitos laborales, inmuebles y la desagregación de partidas.
En lo administrativo, se plantea crear sistemas fiscales, contables y tecnológicos autónomos, además de nuevas plazas técnicas y administrativas. En materia legislativa, se avanza en un marco normativo que incluye la Ley Orgánica de la Fiscalía, reglamentos internos, un Código de Ética y un esquema de control anticorrupción.
¿Cuál es la diferencia entre Procuraduría y Fiscalía?
La transición de una Procuraduría a una Fiscalía General de Justicia representa mucho más que un cambio de nombre: es un paso clave hacia la independencia institucional. A diferencia de las procuradurías, que dependen directamente del Poder Ejecutivo estatal, las fiscalías son órganos autónomos con capacidad técnica y operativa propias. Esta separación permite que las investigaciones penales estén libres de presiones políticas o conflictos de interés, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Además, las fiscalías operan bajo modelos de gestión más modernos y eficientes, centrados en la planeación estratégica, el servicio profesional de carrera, la capacitación continua y estructuras especializadas que permiten una mejor atención a los casos. Esta actualización institucional no solo agiliza procesos, sino que también mejora la calidad del trabajo ministerial, la atención a las víctimas y la capacidad para enfrentar fenómenos delictivos complejos.
Según expertos, uno de los beneficios más relevantes de una fiscalía es su capacidad para ofrecer mejores resultados en investigación y persecución penal. Al implementar unidades de atención temprana, tramitación masiva de casos y litigación especializada, las fiscalías pueden reducir la impunidad y dar respuestas más oportunas y dignas a las víctimas. Además, como organismos autónomos, están obligadas a rendir cuentas mediante auditorías, mecanismos ciudadanos de supervisión y controles legislativos, lo que garantiza mayor transparencia en el uso de recursos y en los resultados obtenidos.