Pachuca.— Diputados locales de Hidalgo aprobaron con 26 votos, prorrogar la conclusión del proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo, por un plazo de tres años más, por lo que en caso de concretar la transición será hasta el 22 de julio de 2028.
La solicitud de prórroga se justifica por la complejidad del proceso, que no es un simple cambio de denominación, sino la instauración de un órgano autónomo con estructura, capacidad operativa y soporte presupuestal propios.
Al dar lectura al dictamen, la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez explicó que aunque se han logrado avances en la elaboración de la Ley Orgánica, el diseño del modelo de gestión, la Política de Persecución Penal y la infraestructura tecnológica, persisten obstáculos como la validación de normas secundarias y la formalización presupuestal.
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La prórroga por tres años más permitirá sustentar dimensiones operativas, gerenciales, presupuestales, administrativas y legislativas.
Rediseño de la Procuraduría
La dimensión operativa implica un rediseño profundo de la procuración de justicia, incluyendo la implementación de una Política de Persecución Penal (con apoyo de USAID) y un Nuevo Modelo de Gestión de tres niveles (atención temprana, tramitación masiva de casos y litigación especializada).
En lo gerencial, se enfoca en el diseño de un Servicio Profesional de Carrera con un nuevo reglamento para el ingreso, permanencia, promoción y remoción del personal, así como la creación de un Reglamento del Consejo de Honor y Justicia y una reingeniería organizacional con nuevas áreas especializadas y una organización regional del estado.
En lo que hace al tema presupuestal, el documento enviado para solicitar la prórroga señala que se requiere un rediseño del marco presupuestal para la Fiscalía como órgano autónomo, solicitando un dictamen de impacto presupuestal, la desagregación de partidas centralizadas y un análisis del Capítulo 1000 (laudos y finiquitos), así como la identificación y desincorporación de inmuebles.
La dimensión administrativa:
Busca la reconfiguración administrativa integral para garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales, contables y operativas. Esto incluye el registro fiscal ante el SAT, la implementación de un Comité de Adquisiciones, un sistema contable, mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Oficialía Mayor, y la creación de nuevas plazas administrativas y técnicas. También se menciona el despliegue gradual de acciones de separación del Poder Ejecutivo en el ámbito tecnológico, como la adquisición de servidores, el reforzamiento de infraestructura de red y la habilitación de un SITE, además del inicio de la digitalización del archivo institucional.
En la cuestión Legislativa:
Se centra en la creación de un marco jurídico sólido, incluyendo el borrador avanzado de la Ley Orgánica de la Fiscalía, su revisión, trámite legislativo y publicación. También contempla la creación de un Reglamento Interno, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Fiscal, un Código de Ética, un Reglamento del Sistema Interno de Control y un Esquema de Anticorrupción Interna, además de la armonización normativa con leyes secundarias.
Desde 2022 inició proceso de transición
La Comisión Interinstitucional de Transición, instalada el 22 de julio de 2022, debía concretar la transición en un plazo no mayor a dos años. Sin embargo, el 18 de julio de 2024 se publicó un Decreto que amplió el plazo a dos años, permitiendo extensiones adicionales con causas justificadas.
De acuerdo con los legisladores, la prórroga es necesaria y jurídicamente sustentada para garantizar la instauración integral, eficaz y funcional de la Fiscalía General de Justicia. Por lo tanto, se aprobó la solicitud para que el proceso de transición finalice a más tardar el 22 de julio de 2028.
¿Por qué es importante la transición a Fiscalía?
Al día de hoy, Hidalgo es el único estado que aún no ha completado la transición a una Fiscalía estatal autónoma. Contar con una Fiscalía autónoma no es solo un cambio de nombre, sino una transformación institucional que apunta a mejorar el acceso a la justicia, fortalecer el Estado de derecho y responder con eficacia ante la criminalidad y la impunidad.
sjl