Ante el hartazgo social provocado por la impunidad y la inseguridad, cada vez es más frecuente que los ciudadanos decidan actuar para “castigar” a presuntos delincuentes a través del linchamiento, definido como la ejecución pública y tumultuaria de personas en clara desventaja numérica que es ilegal por no existir juicio y en el que irónicamente se recurre a una forma grave de violencia colectiva para “defenderse” de quienes perciben como una amenaza o para “hacer justicia” por propia mano, pero que está prohibida por nuestra Constitución.
Estadísticas indican que este fenómeno sucede con mayor frecuencia en los estados del centro del país como Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, entre otros; aunque todo el territorio ha sido escenario de esos hechos de violencia colectiva.
Es cierto que la desconfianza en las autoridades influye en estos sucesos, pero también el amplio desconocimiento de la población sobre la forma en que se tramitan los juicios penales, ya que el ciudadano se queja de que los detenidos son “liberados” rápidamente y su molestia es que vuelvan a delinquir desconociendo que no todas las personas acusadas deben enfrentar su proceso estando detenidas y que cuando se denuncia un delito se debe dar seguimiento aportando las pruebas correspondientes.
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Si bien cualquier persona puede detener a otra en el momento en que está cometiendo un delito o inmediatamente después, también es obligatorio entregarlo de inmediato a la autoridad más cercana o al Ministerio Público, ya que de no cumplirse con ello o no existe denunciante se debe dejar en libertad a la persona, pudiéndose continuar la investigación de los hechos para que en su momento el acusado enfrente su proceso ante un juez.
Sin embargo, las turbas enardecidas se convierten en potenciales delincuentes cuando asesinan a quienes acusan de cometer crímenes atroces, a quienes cometen infracciones menores, enemigos, indigentes, adictos, personas inocentes y hasta servidores públicos en ejercicio de sus funciones, con el pretexto de hacer justicia, pero utilizando la ira como medio.
Y es que la colectividad llega a ser manipulada por quienes asumen el papel de líderes usurpando funciones propias del estado como hacer patrullajes, investigar y sancionar delitos, entre otros, pero que no aclaran a los participantes que estos actos de barbarie constituyen delitos como: privación ilegal de la libertad, homicidio, lesiones, allanamiento de morada, etcétera que son severamente sancionados por la ley, pero instigan a los demás a cometerlos a pesar de que ello también se castiga.
Casos en Hidalgo
En el caso de Hidalgo basta recordar el linchamiento de dos personas hace más de 25 años en la huasteca hidalguense a quienes se les acusó de “robachicos” sin prueba alguna y después se evidenció que solamente vendían estampitas cerca de una primaria. De cuatro servidores públicos en Metepec muriendo uno de ellos al confundirlos también con “robachicos” pero que andaban notificando. De un matrimonio en Santa Ana Ahuehuepan, a quienes se les imputaba querer llevarse a niños; de un hombre y una mujer en Tlaxcoapan acusados de intento de secuestro; de policías ministeriales en Tulancingo que investigaban un delito; de una persona del sexo masculino en Mixquiahuala por dañar un vidrio y recientemente de una persona acusada de robo en Actopan, a quien previamente la turba se atrevió a sacar ilegalmente de un domicilio.
Sigue latente el llamado a actuar a las autoridades correspondientes para sancionar estos lamentables sucesos en donde sin garantía de audiencia, prueba suficiente, ni defensa adecuada, las multitudes violentas sentenciaron basándose a veces en simples sospechas o suposiciones para terminar con la vida de otros seres humanos. Pero también deben atenderse los hechos que originan esas reacciones de la ciudadanía.
De no hacerse así, los Centros de Reinserción Social -Ceresos- seguirán resguardando a decenas de personas que han dirigido o participado en estos hechos compurgando largas condenas, aunque manifiesten que desconocían que cometían delitos, porque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.
Derechos humanos
El estado debe cumplir con un sistema de seguridad y justicia que contribuya a la paz social, pero también debe garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas; por ello, el primer paso para evitar estas formas de protesta social debe enfocarse al aspecto preventivo en donde se eduque a todos sus habitantes para fomentar una cultura cívico-respetuosa, se implementen políticas de desarrollo social y acceso a la justicia, una presencia policial suficiente y con los elementos mínimos para desempeñarse profesionalmente que permita activar protocolos de respuesta rápida ante cualquier conflicto, buscando fortalecer el sistema de justicia y en donde todos transitemos hacia una cultura de legalidad, teniendo como meta ahora disminuir el número de tribunales y centros de reinserción social como resultado de una convivencia armónica.
Resta decir que es un tema muy delicado que nos invita a reflexionar para conocer que como ciudadanos también tenemos obligaciones y trabajar en conjunto con la autoridad para restablecer el orden social, que podemos exigir una pronta impartición de justicia pero también colaborar en lo que corresponde como denunciantes.
Violeta Sosa Zamora, columnista LSR Hidalgo.