A un mes de que concluya el plazo para recabar firmas (5 de diciembre), la revocación de mandato en Hidalgo parece cada vez más una posibilidad lejana. El ejercicio, que prometía ser inédito en la historia política del estado y una muestra tangible de participación ciudadana, hoy se enfrenta a una realidad contundente: el desinterés, la falta de estructura y la imposibilidad práctica de alcanzar la meta.
De acuerdo con el último corte del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), los promoventes apenas han logrado reunir mil 771 firmas, de las cuales solo mil 665 fueron validadas, lo que representa apenas el 0.70 por ciento de las 236 mil 529 necesarias para que se convoque a una jornada de votación, es decir, el 10 por ciento de la lista nominal, la cual suma 2 millones 365 mil 286 personas.
En otras palabras, en un mes de trabajo, los grupos impulsores no han conseguido ni siquiera el 1 por ciento del apoyo requerido. Y para complicar aún más el panorama, dos promoventes fueron retirados del proceso por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reduciendo aún más la capacidad de movilización.
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Este escenario pone sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿vale la pena seguir impulsando un proceso que, además de inviable, parece contradecir el espíritu de estabilidad que marca la Constitución estatal? El mandato de un gobernador en Hidalgo está claramente definido en seis años, y más allá de la inconformidad política o social que pueda existir, pretender acortar ese periodo sin una base ciudadana sólida convierte el ejercicio en un gesto simbólico, pero vacío de efectividad democrática.
¿Es necesaria la revocación de mandato?
La revocación de mandato fue concebida como una herramienta ciudadana para evaluar la continuidad de un gobierno, no como un instrumento de confrontación o desgaste político. Sin embargo, en este caso, la falta de organización, el escaso respaldo social y la evidente desinformación sobre los alcances reales del mecanismo han diluido su sentido original.
En el fondo, lo que refleja este intento fallido es la distancia que aún existe entre la ciudadanía y las herramientas de participación directa. No basta con la existencia legal del derecho; se necesita una sociedad organizada, informada y convencida de ejercerlo. Por ahora, en Hidalgo, esa ciudadanía activa sigue siendo minoría.
La revocación de mandato podría ser una oportunidad para fortalecer la democracia local, pero todo indica que quedará en el intento. Quizá, antes de pensar en retirar a un gobernador electo por mayoría, valdría la pena preguntarnos si realmente estamos preparados para ejercer este tipo de mecanismos, si valen la pena, o es una mera herramienta de promoción en tiempos electorales.
Presupuesto
Cabe mencionar que el IEEH solicitó 14 millones 16 mil 944.55 pesos mexicanos para el inicio de los trabajos del proceso para la revocación de mandato; mientras que para la realización de acciones con el mismo fin, pero en el 2026, el Consejo General pidió 185 millones 617 mil 517.47 pesos, dinero que solamente se usaría en caso de alcanzar las 236 mil 529 firmas.
Miguel Ángel Islas Pérez, director y columnista de LSR Hidalgo. X: @miguel_aip