En los últimos meses, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, impulsado por la administración de Donald Trump, ha resultado en un aumento alarmante de deportaciones masivas, afectando principalmente a mexicanos. Ésta crisis humanitaria ha puesto a prueba no sólo la relación bilateral entre ambos países, sino también la capacidad de México para responder con dignidad y firmeza a la vulnerabilidad de sus connacionales, quienes, paradójicamente, han sido pieza clave en la construcción de la economía estadounidense.
Desde los campos agrícolas de California, hasta las cocinas de los grandes restaurantes de Nueva York, los mexicanos representan una fuerza laboral esencial. Según cifras recientes, el 8% de la fuerza laboral en Estados Unidos son inmigrantes mexicanos, quienes contribuyen al desarrollo económico y cultural del país vecino. Sin embargo, a pesar de su impacto positivo, la narrativa discriminatoria y el trato deshumanizante hacia ellos se han intensificado bajo el mandato de Trump. Las deportaciones no solo rompen familias y sueños, sino que además perpetúan la injusticia hacia quienes han contribuido silenciosamente al progreso de una nación.
Frente a este escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha alzado la voz a favor de una política exterior que priorice la protección de los derechos humanos de los migrantes. En discursos recientes, Sheinbaum ha señalado la necesidad de defender con firmeza a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, así como de establecer mecanismos binacionales para garantizar su bienestar y evitar que sean tratados como cifras en una política que carece de humanidad. Su postura, basada en el diálogo y la cooperación, se alinea con el compromiso de construir una política exterior ética y solidaria, que dé prioridad a los derechos humanos por encima de intereses económicos o políticos.
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Además de las acciones diplomáticas, Sheinbaum ha resaltado la importancia de fortalecer la economía mexicana para ofrecer oportunidades dignas dentro del país y disminuir la necesidad de emigrar. Su propuesta de invertir en programas de desarrollo económico y social en regiones expulsoras de migrantes es un paso importante hacia la construcción de un México que no solo reciba a los deportados, sino que les ofrezca un futuro sostenible.
En este contexto, el Gobierno de México enfrenta el desafío de equilibrar su postura crítica frente a las deportaciones masivas con la necesidad de mantener una relación bilateral funcional con Estados Unidos. No es tarea fácil, pero el compromiso de la presidenta Sheinbaum de velar por los derechos de los migrantes es un recordatorio de que la dignidad humana debe estar en el centro de cualquier política exterior.
Como mexicanos, es momento de respaldar una visión que no sólo proteja a quienes han sido forzados a regresar, sino que también valore y reconozca las contribuciones de nuestros connacionales en el extranjero. Es hora de demostrar que, a pesar de las fronteras, el sentido de comunidad y solidaridad sigue siendo más fuerte que cualquier muro o política discriminatoria. La dignidad de nuestra gente no es negociable, y su esfuerzo por buscar un futuro mejor nunca debería ser motivo de persecución.
Octavio Magaña Soto, columnista LSR Hidalgo. X: @tavomaganamx