PACHUCA.- Las acusaciones sobre presunto fraude contra una auto financiera que opera en la ciudad de Pachuca se convirtieron en peleas y destrozos hacia sus oficinas, lo que incluyó gritos y hasta intentos de obtener justicia por propia mano, aunque se hizo un llamado a autoridades a brindar ayuda.
De acuerdo con los afectados, con la ilusión de poder contar con un vehículo propio que les permita trabajar o incluso realizar viajes de ocio, se acercaron hasta un establecimiento que se encuentra localizado sobre el bulevar Santa Catarina, donde queda un edificio de tres niveles con fachada de tipo espejo.
Adentro, el personal encarado primero mostró una actitud sumamente amable y atenta, ante lo cual el gancho para todos los clientes que acuden es la promesa de que, con muy pequeños pagos, junto a un bajo enganche inicial, se les dará un automotor, pero primero se debe completar una cantidad de dinero.
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Luego, el supuesto vehículo ya se entrega, pero todavía deben efectuarse más pagos hasta que finalmente se termine de liquidar, lo que es un modelo similar a otros negocios que han operado, pues fueron clausurados, o continúan haciéndolo a lo largo de la ciudad de Pachuca y por lo que hay constantes denuncias.
Probables víctimas acuden a reclamar, destrozan oficina y tratan de hacer justicia por propia mano
Aunque no fue establecida la cantidad de posibles afectados de la auto financiera del bulevar Santa Catarina, un video grabado por ellos asentó que sería al menos media docena, quienes recordaron que antes de la violenta acusación, habían tratado de obtener una respuesta clara de manera calmada y formal.
Es decir, quienes contaban con un crédito bajo el esquema ya descrito se habían contactado reiteradamente con los empleados de la empresa, ante lo cual pedían una explicación sobre por qué todavía no les era entregado su vehículo, pese a los pagos que ya habían realizado como parte de un contrato firmado.
Sin embargo, tras varios meses sin una respuesta favorable, las peticiones asaron en su lugar a exigencias de la devolución de los recursos que habían entregado, hasta que se organizaron y ayer jueves 22 de enero decidieron acudir al punto referido de la ciudad de Pachuca, donde se encuentran las oficinas.
Aunque no está claro cómo ocurrió la violencia, fue descrito que, durante los reclamos y acusaciones de fraude, los empleados de la auto financiera y los probables afectados comenzaron a discutir hasta que fueron lanzados golpes, se tiraron escritorios y se rompieron varios accesorios de los trabajadores.
En un momento dado, quienes antes eran clientes con la ilusión de poder acceder a un automóvil a bajo costo tomaron la decisión de hacerse justicia por propia mano, ya que tomaron unas motocicletas que estaban exhibidas y las sacaron a modo de recuperar el dinero que ya habían dado desde hace tiempo.
Aunque no fue citado si finalmente las víctimas se apoderaron de los vehículos de dos ruedas, pero lo que sí fue confirmado fue que solicitaron apoyo de autoridades para su caso y de ser necesario haya acciones legales, además de que se investigue no solo a esa auto financiera de Pachuca, sino a otras más.
En 2025, un negocio de auto financiamiento cerró en Pachuca
La denuncia descrita líneas arriba no es ajena a la ciudad de Pachuca, pues incluso en los comentarios donde se publicó el video de los destrozos a las oficinas del bulevar Santa Catarina algunos internautas dijeron que igual eran víctimas de esa empresa, pero igual otras que prestan servicio sin revisión.
En ese sentido, en julio de 2025, LSR Hidalgo te compartió que la Auto Financiera Monterrey (AFM) había cerrado sus pertas al interior de los locales que conforman la plaza comercial Gran Patio sobre el bulevar Colosio, mientras sobre ella pesaban quejas sobre probables fraudes sin la entrega de vehículos.
En ese momento, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Hidalgo Nabor Rojas Mancera explicó a propósito que presuntamente la empresa realizaba publicidad engañosa al ofrecer la entrega de automotores en un plazo máximo de dos meses, pero tras el pago de un cuantioso enganche.
“A veces, pedían 18 mil o 25 mil pesos, pero había casos donde solicitaban hasta 60 mil para ‘agilizar’ el trámite y aunque había contratos, eran ‘leoninos’, pues si alguien quería cancelar solo se devolvía el 20 por ciento, pues muchos no revisaban y terminaban atrapados”, dijo, al aseverar una investigación.
cem