Pachuca.— El Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto declaró inexistentes y nulas dos compraventas de un predio ubicado en el fraccionamiento residencial Puerta de Hierro, en la capital hidalguense, y ordenó su restitución a favor de Gregoria Edith N, quien había promovido un juicio ordinario civil desde 2020.
De acuerdo con la sentencia, el contrato de compraventa celebrado en mayo de 2018 entre Gregoria y Hugo Alberto N, contenido en la escritura pública número 15 mil 996, ante la fe del Notario Público número 2 con ejercicio en el Distrito Judicial de Molango de Escamilla, Hidalgo a cargo de Marcela straffon Ortiz, en fecha 28 veintiocho de mayo de 2018, carece de validez.
Asimismo, se declara la nulidad de la escritura pública de diciembre del mismo año en la que Hugo Alberto vendió el mismo inmueble a Xóchitl Nayeli N firmada ante la fe del Notario Público número 3 con ejercicio en el Distrito Judicial de Pachuca a cargo de Gerardo Martínez.
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En consecuencia, la jueza determinó que se mantiene vigente la escritura pública de noviembre de 2011, cuando Gregoria y Javier N concretaron una compraventa del lote, inscrita legalmente en el Registro Público de la Propiedad.
Indemnización de 7 millones de pesos
Como parte de la resolución, se ordenó que Xóchitl Nayeli devuelva el inmueble con sus frutos y accesiones. No obstante, antes deberá recibir una indemnización de 7 millones 11 mil pesos, correspondiente al valor de la construcción realizada en el predio. La cantidad será consignada en el Fondo Judicial del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
Notarías
Asimismo, el fallo dispone que los notarios Minerva Marcela Straffon Ortiz (número 2, Molango de Escamilla) y Gerardo Martínez Martínez (número 3, Pachuca de Soto) cancelen las escrituras involucradas, al igual que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para dejar sin efecto los actos jurídicos considerados inválidos.
La jueza también estableció que, en caso de incumplimiento en la restitución del bien, podrán aplicarse medidas de apremio, incluso con el auxilio de la fuerza pública.
Finalmente, los demandados fueron absueltos del pago de daños y perjuicios y no se les impuso condena en gastos ni costas procesales.
sjl