TULANCINGO DE BRAVO.- El 4 de agosto de 2024, alertaron sobre el hallazgo de un cadáver abandonado en la base de un puente vehicular de la colonia Viveros de la Loma, en el municipio Tulancingo de Bravo. El cuerpo presentó visibles huellas de violencia y las investigaciones comenzaron para esclarecer la muerte y dar con los responsables.
Elementos de Seguridad Pública, personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo (PGJEH) se hicieron cargo del levantamiento de pruebas, testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondientes. En un inicio la víctima fue reportada en calidad de desconocido.
A través del trabajo y recopilación de datos a cargo de los agentes del Ministerio Público, se identificó al hombre y se estableció que se trataba de una persona que previamente había sido ingresada a un centro privado para rehabilitación de adicciones, ubicado en la colonia Nuevo Tulancingo.
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Con base en los datos de prueba de los que se allegó la PGJEH, se presume que el encargado de dicho espacio de rehabilitación, junto con otro hombre, privaron de la vida a la víctima. El homicidio ocurrió dentro del mismo centro. Posteriormente se deshicieron del cadáver abandonándolo en un puente vehicular de Tulancingo.
Los responsables
Por los hechos, se estableció la probable responsabilidad de estos individuos conocidos con los nombres de iniciales R. R. C. y J. A. G. R.
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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detuvieron mediante orden de aprehensión, a estas 2 personas por homicidio doloso y homicidio doloso calificado, respectivamente. Ambos, fueron vinculados a proceso este jueves 17 de julio de 2025, por personal ministerial adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo.
Los probables responsables fueron puestos a disposición de un juez de control, autoridad ante la que el Ministerio Público les formuló imputación y obtuvo su vinculación a proceso; la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres y cuatro meses, respectivamente, para el cierre de la investigación complementaria.
jgp