Mineral de la Reforma.— El ayuntamiento corre el riesgo de sufrir un daño patrimonial significativo, estimado en 11 millones 263 mil 513.35 pesos, derivado de un juicio ordinario civil iniciado durante la administración del expresidente Filiberto Hernández Monzalvo (2012-2016). Dicho proceso legal se originó a partir de tres contratos de prestación de servicios con la persona física, David Cobarruvia Reyes y la empresa Corev para la adecuación de las instalaciones de lo que se planeó como la feria municipal, ubicada cerca de la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún.
De acuerdo con Luis Eduardo Montaño, director general jurídico del ayuntamiento, la empresa contratada demandó el cumplimiento del pago de tres contratos que suman la cantidad mencionada, debido a la falta de pago oportuno por los trabajos realizados, que incluían la introducción de agua potable y la instalación de planchas para la feria.
La situación legal ha escalado hasta una resolución de un juicio de amparo que ordena al Tribunal Superior de Justicia del Estado emitir una nueva resolución sobre el caso y el cual se prevé sea en contra del ayuntamiento, pues incluso hay un documento en el que el entonces secretario de Obras Públicas solicitó se realizara el pago a las empresas, pues ya habían realizado el trabajo.
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El juicio, que data desde 2013, ha atravesado varias administraciones municipales, incluyendo las de Raúl Camacho Baños, Rubén Contreras Gómez, Israel Félix Soto y Fernando Escalante Sánchez.
El director general jurídico señaló que, a su consideración, hubo una mala dirección jurídica y una mala administración del proceso desde su inicio, así como omisiones que llevaron a la determinación reciente que va en detrimento de la administración municipal.
El director jurídico destacó que durante la contestación a la demanda, la administración municipal argumentó que los contratos se habían rescindido administrativamente por incumplimiento de la empresa. Sin embargo, nunca se presentó al juez la supuesta decisión administrativa de rescisión, lo que resultó en una falta de prueba y una omisión que ahora pesa sobre el municipio.
Le ocultaron información
Montaño explicó que en su entrega-recepción como director general jurídico, el expediente de este juicio fue marcado como “concluido y archivado”, ocultándole la existencia del proceso y la probable responsabilidad económica. Tras una revisión exhaustiva, no se encontró ninguna decisión administrativa que respaldara la rescisión de los contratos, lo que sugiere que se pudo haber faltado a la verdad en el juicio.
Además del monto principal de 11 millones de pesos, el municipio podría ser obligado a pagar daños y perjuicios, así como gastos y costas del juicio, lo que incrementaría aún más la cantidad total a desembolsar.
Se cuestionó si los 11 millones de pesos podrían ser cubiertos con el pago que realizó Raúl Camacho Baños por daño a la administración. Se informó que esto no es posible, ya que la forma de reparación del daño cambió y en lugar de efectivo se entregaría un inmueble, cuyo pago aún no se ha concretado.
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