Pachuca.— César Gamaliel N, exjuez Calificador del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma durante la administración de Israel Félix Soto, fue puesto en libertad por la determinación de dos jueces de control, a pesar de que enfrenta acusaciones por dos causas penales, incluyendo fraude millonario y homicidio en grado de tentativa.
El exfuncionario, quien también fue director de Atención a la Juventud en Pachuca y enlace del PRI, fue beneficiado por dos decisiones judiciales distintas.
El juez de control Anim Ope Islas modificó la prisión preventiva que mantenía a César Gamaliel N.N. por el delito clasificado como homicidio en grado de tentativa, permitiendo su liberación, esto luego de reclasificar al delito de lesiones. Ello, a petición del agente del Ministerio Público de hacer la reclasificación del delito.
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La jueza Areli Sánchez Lazcano lo liberó por escrito y sin convocar a audiencia para escuchar a las demás partes. Esta decisión se basó en una suspensión de amparo que el exfuncionario había tramitado contra cualquier orden de aprehensión que pudiera emitirse en el futuro.
¿Hay irregularidad?
La polémica se centra en la actuación de la jueza Sánchez Lazcano. Dos días después de que César Gamaliel N obtuviera la suspensión provisional (cuando aún no había orden de arresto), se giró una orden de captura en su contra por un fraude cercano a los tres millones de pesos.
Abogados consultados señalaron que las suspensiones federales no deben aplicarse a actos futuros. A pesar de esto, la jueza decretó la liberación de oficio, sin la debida audiencia de contradicción e inmediación de las partes.
Expertos legales advierten que esta decisión podría ser catalogada como irregular y constituir un delito cometido por servidores públicos, el cual se castiga con hasta ocho años de prisión. Este delito se configura al conceder una ventaja indebida o entorpecer la correcta administración de justicia.
Víctima, inconforme
La víctima del delito de fraude ha manifestado su inconformidad, señalando "extrañas irregularidades" en el proceso que permitió que el exservidor público saliera de prisión.
sjl