Pachuca.— Una reforma a la Ley de Movilidad aprobada por el Congreso de Hidalgo busca que los operadores de transporte público sean los primero respondientes en situaciones de acoso sexual, pero ¿qué sucede cuando estos trabajadores son los que ejercen la violencia hacia las mujeres? Se pregunta una usuaria de Urvan, Tuzobús y taxis de la Zona Metropolitana de Pachuca.
“A veces es gente random que utiliza el transporte público y a veces son los mismos operadores que se aprovechan cuando te subes enfrente y ahí se te pegan o te van haciendo la plática, creo que también se tendría que poner atención a ellos”, mencionó Alejandra, quien ha sido víctima de acoso sexual.
A Cecilia, cuya identidad fue modificada, la acosó un conductor de la ruta San Javier-Central-Ávila Camacho. La joven recuerda que se subió a un costado del conductor, durante todo el trayecto, narra, el chofer la miraba de forma lasciva. Incluso, dice, mandó un mensaje de voz a un compañero de ruta en el que lanzó una indirecta hacia ella, mientras decía “piropos” de tipo sexual.
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“El viaje fue tan incómodo que se me hizo larguísimo. Cuando al fin llegué a mi destino le pagué al chofer y él aprovechó para tocar mi mano y mirarme lascivamente, fue asqueroso”, recuerda Cecilia.
Alejandra, cuya identidad igual se protege, fue víctima de en el transporte, pero de parte de un pasajero: “Fue en una de las combis, era cuando todavía había Urvans para todos lados, que no entraba el Tuzobús. Yo había tomado una que llegaba al centro y traía falda”.
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Recuerda que un hombre se sentó a su lado le empezó a tomar fotos de las piernas. “Era muy evidente que las tomaba y aparte como que me enseñaba en el celular, como para que viera que me había tomado, pero no sé bien en qué plan fue, si era como para provocarme a ver si yo le decía algo. La verdad es que no le dije nada, pero sí fue muy obvio que hasta se estaba inclinando para tomarme fotos debajo de la falda, entonces sí fue horrible y lo único que hice fue bajarme en la siguiente parada”.
Una iniciativa con buenas intenciones, pero…
La reforma a la Ley de Movilidad y Transporte busca garantizar la seguridad de las mujeres cuando viajen en transporte público, aunque Alejandra consideró que también se debe tener más control en las conductas de los operadores de las unidades, pues, en ocasiones, ellos son los que ejercen algún tipo de violencia sexual o acoso a las pasajeras, como le ocurrió a Cecilia.
La iniciativa fue presentada en sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2022 del Congreso local, pero hasta el pasado 8 de julio de 2014 fue aprobada, y entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
De acuerdo con el diputado Luis Ángel Tenorio Cruz, quien subió a tribuna a dar lectura al dictamen, en Hidalgo el 30 por ciento de las usuarias de servicios como Urvan, Tuzobús y taxi metropolitano informaron haber sido víctimas de violencia sexual, incluido el acoso.
El objetivo de la reforma es implementar como obligación de los conductores de transporte público “colaborar y brindar apoyo al primer respondiente o autoridad, ante cualquier hecho probamente constitutivo de delito en el que se encuentren involucradas mujeres o niñas”.
Asimismo, establece que los concesionarios o permisionarios tengan la obligación de “contribuir en el acompañamiento en los casos reportados de acoso y violencia sexual en el transporte público”. El dictamen aprobado también contempla la capacitación, certificación, protocolos y condiciones de infraestructura que procuren espacios seguros para las mujeres, como medidas de prevención.
Se reformó la fracción III del artículo 29 bis, además de que se adicionó una fracción IV, recorriendo la subsecuente al artículo 29 bis; la fracción XIX BIS al artículo 151, y la fracción III TER al artículo 152 de la Ley de Movilidad y Transporte de la entidad.
De esta manera, la reforma establece “implementar procesos de capacitación y certificación en la sensibilización, prevención y atención del acoso sexual en el transporte público”, además de “contribuir en el acompañamiento en los casos reportados de acoso y violencia sexual en el transporte público”.
Y finalmente, la fracción III TER al artículo 152 manifiesta la obligatoriedad de “colaborar y brindar apoyo al primer respondiente y/o autoridad, ante cualquier hecho probablemente constitutivo de delito en el que se encuentren involucradas mujeres o niñas, así como facilitar los datos o medios de prueba que contribuyan a la investigación, bajo los principios de celeridad, no victimización y respeto a los derechos humanos de las víctimas”.
Casi todas han sido acosadas en el transporte público
El acoso sexual en transporte público es una forma de violencia de género que se manifiesta desde comentarios de carácter sexual no deseados y miradas lascivas, hasta tocamientos indebidos y situaciones de acecho. Las mujeres son las más vulnerables a este tipo de conductas.
De acuerdo con la Encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México, realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres México, 96.3 por ciento de las 3 mil 214 mujeres entrevistadas refirió haber sido víctima, al menos en alguna ocasión de su vida, de violencia sexual cuando transitaban en el transporte o espacios públicos.
De igual forma, el 9.2 por ciento refirió que le tomaron fotos sin su consentimiento, entre otras conductas como mirarles morbosamente el cuerpo, decirles piropos obscenos y ofensivos de carácter sexual, las tocaron o manosearon sin su consentimiento, les mostraron los genitales o las persiguieron con intención de atacarles sexualmente.
Y según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe, 2021), se contabilizan ocho delitos sexuales contra mujeres por cada delito sexual cometido contra hombres; la tasa de incidencia es de 3 mil 140 por cada 100 mil habitantes.
sjl