Pachuca.— En el marco del 107 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata y del aniversario del Congreso Agrario Permanente de Hidalgo (CAPH), organizaciones campesinas emitieron un posicionamiento sobre la situación actual del campo en la entidad, denunciando abandono institucional y falta de políticas públicas eficientes para los productores.
Durante la reunión con medios de comunicación se rememoró el origen de la CAPH, en 2004, cuando distintas organizaciones decidieron conformar una asociación civil con el objetivo de articular esfuerzos en favor del sector rural.
En su posicionamiento, el coordinador del CAPH, Francisco Ortega Sánchez, advirtió que el campo mexicano atraviesa una crisis caracterizada por la baja rentabilidad de la producción, el incremento en las importaciones de granos y la falta de apoyos efectivos.
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Expuso que México se ha convertido en uno de los principales importadores de granos a nivel mundial, lo que evidencia la incapacidad de la producción nacional para satisfacer la demanda interna. “Esta situación se agrava por la competencia desigual con países donde los productores reciben subsidios significativos”.
Políticas públicas insuficientes
Denunció la disparidad entre los precios pagados a los productores y los costos al consumidor final; “como ejemplo, el kilo de frijol se paga alrededor de 7 pesos al campesino, mientras que en el mercado alcanza hasta 40 pesos. De igual forma, el maíz se compra al productor en aproximadamente 4.50 pesos por kilo, pero se traduce en tortillas de hasta 25 pesos”.
El CAPH también criticó la desaparición de instrumentos como el seguro agrícola y la banca de desarrollo rural, lo que deja a los productores en condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos climáticos y sin acceso a financiamiento.
Asimismo, cuestionaron los programas gubernamentales actuales, los cuales calificaron como insuficientes y asistencialistas. “Los apoyos consisten en herramientas básicas, paquetes de aves de traspatio o insumos que no permiten el desarrollo productivo real ni la generación de ingresos sostenibles”.
De igual manera, señalaron retrasos en la entrega de indemnizaciones por siniestros agrícolas, con pagos que llegan hasta dos o tres años después y que resultan insuficientes para cubrir las pérdidas.
“Es necesario implementar políticas públicas de fondo que rescaten al campo mexicano, que garanticen precios justos para los productores y fomenten la autosuficiencia alimentaria”.
Advirtieron que, de no atenderse esta problemática, continuará el abandono de tierras, la migración de campesinos y la dependencia alimentaria del país. En este sentido, hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno para incluir a las organizaciones en la construcción de soluciones y reconocer su papel en la defensa del sector rural.
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