Pachuca.— La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, informó que a un año del asesinato de la habitante de Azoyatla, Rosaura, ya existen dos sentencias condenatorias en contra de su agresor, mientras que el proceso por feminicidio y otros delitos continúa en curso.
En entrevista, la titular del Poder Judicial local detalló que actualmente se llevan a cabo tres juicios relacionados con el caso. Dos de ellos ya concluyeron con sentencias condenatorias. Uno por violencia familiar, con una pena de 10 años de prisión y uno más por el delito de privación ilegal de la libertad, con una condena de 9 años, 4 meses y 9 días.
Indicó que el tercer proceso corresponde a los delitos de feminicidio, homicidio doloso en grado de tentativa y homicidio doloso calificado, el cual se encuentra en etapa intermedia, donde se analizan los planteamientos de la defensa y del Ministerio Público.
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Rosaura, una mujer que fue víctima de feminicidio, hace exactamente un año, pero previo a su muerte, denunció a su agresor por dos delitos: privación ilegal de la libertad y violencia familiar, en los que después de su muerte fue hallado culpable, pero antes, la jueza le otorgó la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad y fue cuando el sujeto atentó contra la vida de Rosaura y dos integrantes de su familia.
Aladro Echeverría precisó que las sentencias dictadas hasta el momento son contra la expareja de Rosaura, quien se desempeñaba como policía municipal de Mineral de la Reforma, incluso, la privación ilegal se dio en una patrulla del ayuntamiento, según la versión de una amiga de Rosaura.
Sobre las quejas presentadas contra jueces, incluida una relacionada con este caso, la magistrada presidenta señaló que todas son investigadas y que, en el caso específico de la jueza señalada, se determinó que no existió conducta irregular que ameritara sanción, informó Rebeca Aladro.
El contexto del caso
El caso de Rosaura llamó la atención pública luego de que una amiga de la víctima denunciara, durante un evento organizado por la Secretaría de Gobierno, presuntas omisiones institucionales, al señalar que la hija de Rosaura presenció el asesinato de su madre y de sus otros familiares, que pese a contar con una orden de restricción, la víctima habría enfrentado fallas en sus intentos de comunicación para pedir ayuda.
De acuerdo con los registros judiciales, Rosaura había iniciado dos procesos penales previos contra su agresor por violencia familiar y privación ilegal de la libertad. Durante ese periodo, el imputado permaneció en libertad y fue en ese lapso cuando perpetró la agresión que culminó con el asesinato de Rosaura, su madre y su hermano, el 5 de febrero de 2025, en Azoyatla, localidad de Mineral de la Reforma.
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