Pachuca.— La tarde de este miércoles, en Plaza Juárez, Mario Fabián Lozano Consuelo, acompañado de familiares, denunció presuntas represalias, despido injustificado y una serie de irregularidades administrativas derivadas de una manifestación realizada en julio de 2023 para exigir mejores condiciones laborales para elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tizayuca.
Lozano Consuelo compartió que, pese a que en su momento se les aseguró que no habría consecuencias por ejercer su derecho a la protesta, posteriormente comenzaron actos de acoso laboral, suspensiones y destituciones; de acuerdo con su testimonio, al menos 10 elementos fueron suspendidos o removidos de sus cargos tras la movilización.
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Relató que la protesta tuvo lugar el 15 de julio de 2023, cuando policías municipales tomaron la explanada del palacio municipal con el objetivo de visibilizar carencias para su desempeño diario, entre ellas la falta de armas, patrullas, radios, servicio médico, seguro de vida y otras prestaciones de ley. Afirmó que, tras dialogar con autoridades municipales y permitir la realización de un acto oficial, comenzaron las represalias.
Lozano Consuelo aseguró que en su caso se le abrió una carpeta por delitos como amenazas y abuso, hechos que, según dijo, ya fueron desestimados por el Ministerio Público al comprobarse que no ocurrieron, a pesar de ello, permanece suspendido desde hace casi dos años, sin salario y sin una resolución definitiva.
“Por atender una situación con mi hijo, en mi día de descanso, me suspendieron y me armaron una carpeta falsa, ya se comprobó todo eso, pero sigo desde hace dos años estoy sin recibir mi salario, además de recibir amenazas”.
Pide un procedimiento imparcial
El denunciante afirmó contar con audios y documentos en los que funcionarios municipales le habrían indicado que las decisiones respondían a “órdenes superiores”, y señaló puntualmente a la exalcaldesa Susana Ángeles, y que incluso se le habría condicionado una resolución favorable a desistirse de un amparo promovido ante el Poder Judicial. Dicha situación, explicó, también fue documentada ante la Comisión de Derechos Humanos, instancia que habría reconocido irregularidades en su proceso.
Mario Fabián Lozano Consuelo hizo un llamado directo al gobernador del estado para que instruya una investigación imparcial sobre presuntos actos de corrupción, abuso de poder y violaciones a derechos humanos dentro del ayuntamiento de Tizayuca. “No se vale que una persona inocente pague por algo que no cometió”, expresó, al tiempo que reiteró su disposición a enfrentar cualquier responsabilidad legal, siempre y cuando exista una resolución justa y conforme a derecho.
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