Pachuca.— Sigue en pie el proyecto de un nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso) proyectado en Tasquillo, aunque podría cambiar de sede en caso de que continúe la negativa de los habitantes de dicho municipio, así lo mencionó el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.
Lo anterior, luego del rechazo de vecinos del municipio, que ya suman dos manifestaciones y que argumentan que es un pueblo con vocación turística.
El mandatario estatal aseguró que el proyecto sigue en pie, pues responde a una necesidad urgente derivada del hacinamiento y las condiciones inadecuadas de varios centros penitenciarios en el estado. No obstante, fue enfático en que no se impondrá la obra en ninguna comunidad. “Se va a socializar. Si la gente no está de acuerdo, entonces se irá a otro municipio”, señaló.
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En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el mandatario reconoció que las condiciones actuales de los centros penitenciarios en la entidad son deficientes, tal como lo señala un reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos, y admitió que desde hace muchos años no se ha invertido lo suficiente en espacios que garanticen condiciones dignas, aun tratándose de personas privadas de la libertad.
“Hay un reconocimiento de las condiciones en que están los Ceresos. Por más que se haya cometido un delito, debe respetarse la dignidad de las personas”, subrayó.
Menchaca explicó que el proyecto de un nuevo penal ya cuenta con presupuesto, estimado en alrededor de 90 millones de pesos, y forma parte de una estrategia para atender problemas graves como el hacinamiento, la falta de separación entre hombres y mujeres y la existencia de cárceles municipales dentro de presidencias, como ocurre en Ixmiquilpan.
Hay más opciones
Respecto al predio ubicado en Tasquillo, detalló que se trata de un terreno propiedad del gobierno del estado, fuera de la cabecera municipal y con amplia extensión; sin embargo, insistió en que no se tomará ninguna decisión sin un proceso de socialización. “Si hubiera aceptación sería ahí; si no, tenemos que hacerlo en otro lugar”, puntualizó.
Incluso reveló que dos municipios del Valle del Mezquital ya han solicitado formalmente que el penal se construya en su territorio, al considerar que este tipo de infraestructura genera desarrollo y servicios alrededor, aunque evitó mencionar nombres para no generar polémica.
Robo de hidrocarburos
En otro tema, al cumplirse siete años de la explosión de Tlahuelilpan, el gobernador reconoció que el robo de hidrocarburos sigue siendo un problema vigente, con una fuerte base social y vinculado a una escalada de violencia en el último año.
Señaló que existe una coordinación permanente con el gobierno federal, y destacó la reciente asignación de 600 elementos militares para reforzar la seguridad en la región, además de detenciones relevantes, aseguramiento de predios, vehículos, pipas y bidones.
“Ha sido una contención muy intensa, pero eliminar una actividad que se ha realizado durante tanto tiempo requiere más esfuerzo”, afirmó.
Menchaca Salazar advirtió que esta actividad ilícita pone en grave riesgo la vida de las personas, al recordar que, además de Tlahuelilpan, continúan las muertes por incendios y accidentes relacionados con el traslado ilegal de combustible.
También reconoció que los grupos dedicados a este delito utilizan los recursos obtenidos para ganar respaldo comunitario, lo que complica los operativos de seguridad, pues en ocasiones mujeres, niños y pobladores son utilizados como escudos humanos.
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