Tula de Allende.- Fue el 15 de enero de 1982, cuando en el río Tula, a la altura de la última compuerta del Sistema de Drenaje Profundo, en San José Acoculco perteneciente al municipio Atotonilco de Tula, Estado de Hidalgo, aparecieron 12 cadáveres. Todos, con visibles huellas de brutal tortura, desnudos, golpeados, incompletos. Algunos degollados, otros, sin pies, sin dedos, sin brazos.
Las víctimas, señalaron las autoridades de Hidalgo fueron arrojados por el desagüe desde la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal (DF). Los cuerpos habrían sido arrastrados junto con los desechos de la CDMX hasta el territorio hidalguense.
El hallazgo causó la alarma entre la población. El caso trascendió no solo a la prensa nacional, sino también en el extranjero. Los titulares referían a una “masacre en el río Tula de Hidalgo” que involucraba a un grupo de colombianos traficantes y asaltantes de bancos, así como a un taxista mexicano, y funcionarios públicos entre ellos, Arturo Durazo Moreno, quien fuera secretario de seguridad y vialidad en el sexenio de José López Portillo.
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Todo comenzó con un taxista
Armando Mogollán Pérez de 26 años de edad era un taxista que vivía en la colonia Morelos, en el Distrito Federal. Con él, habitaban su madre, su hermana y su cuñado, quien era policía judicial.
Mogollán, a bordo de su taxi Rambler, color coral, placas 2096, se había convertido en el chofer y guía de los colombianos. De acuerdo con las investigaciones, el taxista se encargaba de trasladar a los extranjeros de un lugar a otro para cometer los delitos. Pronto, los colombianos terminaron por convencerlo para que se integrara a la banda.
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La ambición lo había atrapado. Armando comenzó a llevar relojes, joyas, televisores, otros objetos de valor a su casa, y hasta un millón de pesos. El taxista se había convertido en delincuente y su cuñado comenzó a notar este exceso de ganancias para un trabajador del transporte público. Por lo que, sin dudarlo, dio aviso a su jefe Raúl Chávez Trejo, para que pudieran investigarlo.
La caja de pandora se abrió. La policía acudió al domicilio de Armando como parte de las investigaciones, señalando lo habían detenido horas antes asaltando una casa en el Estado de México. Nunca presentaron orden de cateo, ni notificaron dónde lo tenían. Su madre, Estela Pérez Ortiz, reportó su desaparición el 8 de junio del año 1981.
Seis meses después, el 15 de enero de 1982, Estela reconoció el cuerpo de su hijo en una foto de un periódico con el titular “en los márgenes del río Tula aparecieron flotando siete cuerpos golpeados y mutilados”.
Se dedujo que habían sido arrojados por el drenaje profundo y se llegó a especular que, además de la tortura, habían sido arrojados desde una altura de 70 metros para desfigurarlos y que fueran arrastrados por la corriente de agua.
La droga y los colombianos
De acuerdo con las investigaciones y relatos periodísticos, el taxista fue detenido y torturado. Habló de los colombianos, de sus trabajos, robos y venta de drogas. El caso fue reportado al jefe de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, (DIPD), Francisco Sahagún Baca, excomandante de la Policía Judicial Federal.
Los agentes de la DIPD o dipos como se les conocía, eran integrantes del Grupo Jaguar, cuando localizaron a 20 de la banda delictiva, omitieron la notificación sobre su detención y en lugar de deportarlos, se los llevaron a Balbuena, a la zona de caballerizas de la policía. Ahí fueron golpeados y torturados. El objetivo era conocer toda la información, llegar al dinero que referían cerca de 120 millones de pesos; así como tener los contactos y el control de la droga.
Las versiones señalan los colombianos comenzaron a trabajar y entregar los botines a Sahagún Baca y Arturo Durazo. Algunos de ellos fueron resguardados en la enfermería del penal de Santa Marta Acatitla. Al final 8 lograron salir entregando todo el dinero y la cocaína. Según el testimonio de un dipo, Arturo Durazo ordenó posteriormente la desaparición de los colombianos.
Nadie previó, entre ellos, había un hijo mexicano buscado desesperadamente por su madre. La identificación del cuerpo del taxista dirigió la investigación a lo más profundo.
La matanza
Una noche, entre el 10 y 13 de enero de 1982, los Jaguares llegaron con camionetas oscuras para llevarse al taxista mexicano y a los colombianos. Los mejores tiradores se encargaron de abatir con pistolas y metralletas a los inconformes con la repartición de botines. Los cuerpos fueron llevados hasta la Lumbrera 8 del Emisor Central del drenaje profundo del Distrito Federal.
Con visibles machetazos, balazos, quemaduras y mutilados fueron arrojados al drenaje desde casi 70 metros de caída libre y arrastrados por la corriente hasta el río Tula en el Estado de Hidalgo. Cuando fueron recuperados se enviaron al entonces Servicio Médico Forense del Distrito Federal.
Según el reporte forense, así fueron identificados: el cuerpo 1: sin cabeza y sin el brazo izquierdo desprendidos por machete. Cuerpo 2: sin brazo. Cuerpo 3: orificio de bala en la cabeza, quemaduras en las manos. Los primeros siete cuerpos fueron trasladados al Hospital Civil de Tula y desde ahí las autoridades elaboraron los reportes que daban los primeros indicios: vestían ropa de buena calidad de “marcas colombianas”. Hasta el 15 de enero de 1982, los campesinos hidalguenses siguieron encontrando más cuerpos flotando en el río Tula.
La investigación
Más tarde, después del sexenio de López Portillo, se dio a conocer, quien estuvo al mando de la investigación, Francisco Sahagún Baca, jefe de la División de Investigación para la Delincuencia, junto con El Negro Durazo, fue autor intelectual de la matanza.
De Sahagún Baca se dijo que había muerto. Pero nunca se confirmó un cuerpo. Arturo Durazo salió de México a fines de 1982 y dos años después fue capturado en Costa Rica por contrabando, evasión fiscal, extorsión, acopio de armas y abuso de autoridad. Por las circunstancias de su extradición no pudo ser acusado por la masacre del río Tula. Durazo fue juzgado en 1986. Tras 8 años en prisión fue liberado por buena conducta y falleció en 2000 en su mansión.
La violencia en la región Tula
- Masacre del río Tula en 1982, que involucró al comandante Arturo El Negro Durazo
- El ataque armado en 2011 a las instalaciones de la Policía Ministerial
- El “coche bomba” en 2021 en el penal de Tula que liberó a nueve personas
- La matanza en un bar en 2025, que dejó seis personas fallecidas y ocho lesionadas
Congreso interviene
Luego de los recientes hechos de violencia en Tula, el tema de la inseguridad llegó a la tribuna del Congreso local, donde diputadas y diputados señalaron que la violencia en la región persiste y se pidió la comparecencia del secretario de Seguridad Salvador Cruz Neri para conocer la estrategia y acciones que tendrán que implementarse para combatir con este fenómeno, que no es nuevo.
jgp