Durante meses, un derecho básico quedó atrapado entre pasillos hospitalarios, ingresos y egresos repetidos, así como decisiones médicas que nunca llegaron a resolverse. Para recibir atención médica adecuada y oportuna, una persona tuvo que recurrir al juicio de amparo.
El caso ocurrió en Hidalgo y quedó registrado en el expediente 2793/2025 del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con las resoluciones judiciales, el paciente —derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— padecía una enfermedad grave que, con el paso del tiempo y la falta de atención especializada, derivó en complicaciones severas, entre ellas problemas de oxigenación, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica.
Desde agosto de 2025, el afectado fue trasladado de urgencia de la Unidad Médica Familiar 27, en la delegación Tlaxcoapan, a la Clínica 36 del IMSS en Pachuca. Sin embargo, lejos de encontrar una solución definitiva, comenzó un largo peregrinar: entradas y salidas constantes del hospital, sin que se resolviera de fondo su condición médica.
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La situación se agravó a finales de diciembre, cuando el paciente volvió a ingresar a la Clínica 36. Ahí, el propio médico de guardia reconoció que el hospital no contaba con el equipo ni la infraestructura especializada que el caso requería y recomendó su traslado a un hospital de tercer nivel, específicamente al Centro Médico Nacional La Raza. Aun así, el traslado no se concretó.
El amparo
Ante la omisión prolongada y el deterioro evidente de su estado de salud, un familiar promovió un amparo. El juzgado federal determinó que las omisiones reclamadas incidían directamente en el derecho a la salud y en la vida del quejoso, por lo que concedió una suspensión de oficio y de plano.
La orden judicial fue clara: el IMSS debía garantizar atención médica integral, urgente y continua; realizar los estudios necesarios; suministrar todos los medicamentos requeridos y, de ser necesario y sin poner en riesgo su vida, trasladar al paciente a un hospital de especialidades con la infraestructura adecuada.
En su resolución, la jueza advirtió que permitir que las omisiones se prolongaran haría físicamente imposible restituir al paciente en el goce de su derecho a la salud, con consecuencias potencialmente irreversibles.
El pasado 8 de enero de 2026, autoridades del IMSS informaron oficialmente al juzgado que habían dado cumplimiento a la suspensión ordenada.
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