Pachuca.— Tras ser señalada como probable responsable del suicidio de un adolescente, una prefecta de secundaria a la que llamaremos María (nombre ficticio para proteger su identidad), se vio forzada a cambiar de residencia y enfrentó amenazas contra su integridad. Para evitar un mayor acoso, aceptó un procedimiento abreviado donde, como condición de procedencia, tuvo que reconocer una responsabilidad que, según su defensa, no le correspondía, para poner fin a la presión.
Esta es la historia de María, quien fue acusada de violencia familiar equiparada agravada por supuestamente haber acosado a un adolescente en la escuela de donde ella era prefecta. Recibió una sentencia de dos años de prisión, con la posibilidad de ser conmutada por el pago de una multa o trabajo a favor de la comunidad.
La prefecta afirma que optó por un procedimiento abreviado, debido al cansancio del proceso legal y el acoso del que fue víctima durante el proceso; sin embargo, durante el periodo de investigación se reveló que hubo elementos para desestimar las acusaciones de violencia familiar y su relación con el deceso del menor.
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Hipótesis del desplazamiento de la culpa
Un peritaje psicológico determinó que los padres del joven se centraron exclusivamente en el incidente escolar, omitiendo detalles del contexto de vida del adolescente. Esto llevó a la hipótesis de un posible "desplazamiento de la culpa" por parte de los progenitores.
El perfil del padre reveló una notoria lejanía y desinterés en las actividades del muchacho, con una participación mínima en la carpeta de investigación, lo que sugiere un "perfil de padre insuficiente", un criterio asociado a la conducta suicida en jóvenes. Respecto al perfil de la madre, se identificó desinterés, ambivalencia, rechazo y soledad.
El mismo peritaje concluyó que la posibilidad de que el acoso por parte de la profesora de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) fuera el motivador del suicidio era "científicamente nula". En contraste, se encontraron elementos que apuntan a una "conflictiva de género" como motivación, directamente correlacionada con un desplazamiento de la responsabilidad del núcleo familiar hacia el escolar, impulsado por la culpa natural de los padres ante el deceso de su hijo. La situación se reforzó con el incidente de la madre rompiéndole el celular al joven tras descubrir mensajes amorosos con otro hombre.
Una de las maestras y tutora del grupo del adolescente que cometió suicidio, corroboró que la profesora era estricta y disciplinada en la aplicación del reglamento escolar (uniforme completo, limpieza, cabello corto, uñas cortas), pero siempre respetuosa. La tutora nunca observó una mala actitud de la prefecta hacia ningún alumno.
En cuanto al estudiante, la investigación arrojó que era un joven reservado en los días previos a su muerte, con el ánimo decaído y que incluso grabó TikToks donde se le veía llorando en espacios oscuros, transmitiendo tristeza y nostalgia. En la escuela se conocía que no era aceptado y tenía problemas debido a sus preferencias, pues él comentaba que era rechazado en su casa.
Asimismo, se reveló que su madre, a pesar de las repetidas convocatorias de juntas de padres de familia, nunca asistía a ellas. El joven llegó a comentar a una de sus profesoras que sentía que su madre no lo quería y que le ignoraba, prefiriendo a su otro hermano. Además, la investigación arrojó que trabajó en una paletería con el objetivo de comprarse un celular, ya que el anterior se lo había roto su madre.
Una compañera del joven testificó que él tenía como amiga a una niña que consumía drogas y practicaba "cutting".
La investigación penal se centró en un supuesto comentario de la prefecta sobre el uniforme de gala con tenis que “avergonzaba a sus padres y el cabello más largo de lo aceptado”, pero la investigación de la defensa, las declaraciones y el peritaje psicológico a cargo de un especialista en psicología forense redirigen el foco hacia el entorno familiar y las motivaciones personales del joven; pese a ello, la prefecta no quiso continuar con el proceso penal y fue sentenciada a dos años de prisión.
Contexto
El juez impuso una pena de dos años de prisión, la cual fue conmutable por 108 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Adicionalmente, la sentenciada deberá someterse a un “tratamiento reeducativo”, cuyo número de sesiones aún no ha sido especificado.
Durante la audiencia previa, la sentenciada se comprometió a la “no repetición de conductas similares y ofreció una disculpa pública”.
sjl