Tlaxiaca.— Por falta de recursos económicos, una mujer originaria de San Agustín Tlaxiaca decidió renunciar a la posibilidad de ser beneficiaria del programa federal de vivienda que opera la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), luego de que se le solicitara un certificado de inexistencia de propiedad que supera los mil 700 pesos en costos de trámite.
La interesada –de la cual se omite el nombre por solicitud expresa– explicó que, aunque cumplió con la primera etapa del proceso y entregó la carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta no ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex ni del ISSFAM, no pudo continuar por la falta de dinero.
“Me pedían el certificado de inexistencia de propiedad, que cuesta 735 pesos por la expedición y mil 35 pesos por la búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En total casi mil 800 pesos, dinero que no tengo. No puedo arriesgarme a gastar esa cantidad sin la certeza de que realmente me van a dar la casa”, aseguró.
Diagnóstico socioeconómico
Previo a esta etapa, las aspirantes a obtener una Vivienda para el Bienestar fueron entrevistadas sobre su estado civil, situación habitacional, características de la vivienda actual, servicios básicos, tiempo de residencia en la comunidad y nivel de ingresos. Uno de los requisitos fundamentales es no ser propietaria de ningún inmueble.
En el documento que la ciudadana entregó a la Conavi, se observa que declaró bajo protesta de decir verdad contar únicamente con un ingreso aproximado de 2 mil pesos mensuales y desempeñarse como empleada administrativa, sin comprobantes formales de salario.
Sigue siendo inaccesible
La afectada lamentó que, pese a que el programa está destinado a sectores vulnerables, se les exija cubrir trámites onerosos que muchas veces no están a su alcance. “Aunque pagáramos, no tenemos la garantía de ser seleccionadas porque hay varias etapas más. Lo que vemos es que nos piden dinero y no sabemos si el apoyo será real”, expresó.
De acuerdo con las reglas de operación del Programa de Vivienda Social, quienes aspiren a este beneficio deben comprobar que no son propietarias de bienes inmuebles. Para ello, la única manera de acreditarlo es a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, instancia que cobra las tarifas establecidas en la Ley de Derechos.
La mujer, finalmente, tuvo que abandonar el proceso, aun cuando expresó su interés en contar con una vivienda propia. “Es un sueño que se vuelve muy difícil cuando te ponen trabas que cuestan tanto dinero. Preferí no seguir, porque no tengo manera de cubrir ese gasto”, relató. Lo compara como el “sueño americano”, pero “es el sueño mexicano” y agrega que no es la única que desistió en el trámite. Finalizó.
sjl