Pachuca.— La Red Hidalguense de Defensoras por el Acceso al Aborto denunció que existe escasez de medicamentos en las tres clínicas públicas de Pachuca que practican la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
A cuatro años de que en Hidalgo se aprobó la reforma al Código Penal y la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, las activistas acusaron que la falta de medicamentos para garantizar el acceso a la ILE, afecta un derecho conquistado en junio de 2021 y se traduce en “violencia institucional" que pone en riesgo la salud y la vida de niñas, adolescentes y mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
Este 28 de septiembre de 2025, Día de la Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito, las organizaciones civiles feministas, colectivas y feministas independientes en Hidalgo señalan que la falta de medicamentos es una falla “grave para poblaciones indígenas, migrantes, en situación de calle o con discapacidad, quienes dependen del apoyo institucional. Negarles el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo perpetúa desigualdades y las condena a procedimientos inseguros”.
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Expresaron que a pesar de que el aborto legal es un derecho reconocido en Hidalgo desde 2021, el IMSS-Bienestar ha incumplido con su responsabilidad de garantizar el abasto de insumos médicos. Incluso se ha solicitado a la población la donación de medicamentos, lo que las defensoras consideran una "irresponsabilidad inadmisible del Estado".
Garantizar acceso a medicamentos
Ante este panorama, la Red Hidalguense de Defensoras exigió: La garantía urgente del abasto de medicamentos en todas las unidades de salud, la activación de mecanismos de distribución existentes, como el convenio Sanas, para evitar retrasos en la atención y el cese de la negligencia institucional que agrava las desigualdades en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Advierten que, de no atender, la situación podría replicarse en otros estados y desencadenar una crisis de salud pública a nivel nacional.
En el Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro, las activistas marcharon de forma pacífica para exigir al gobierno del estado y a las autoridades de salud que cumplan la ley y garanticen condiciones dignas y seguras.
Critican gasto del gobierno
Asimismo, denunciaron la incongruencia en el uso de los recursos públicos, y recordaron que el gobierno de Hidalgo destinó 6.5 millones de pesos para la colocación de 500 vallas metálicas “antimotines” durante la marcha del 8 de marzo, mientras las clínicas carecen de medicamentos básicos. Este dinero, afirman, pudo haber garantizado el suministro de insumos médicos en las tres clínicas de Pachuca.
Las defensoras también recordaron la represión y violencia contra las mujeres durante la marcha del 8 de marzo en Plaza Juárez.
Por ello, reiteran sus demandas: "Ni silencio, ni represión, ni simulación. Queremos medicamentos, no vallas. Queremos atención digna, no violencia. Queremos derechos garantizados, no discursos vacíos y concluyeron con la afirmación: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir".
sjl