PACHUCA.- En los últimos 3 años, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) reportó más de 200 vinculaciones a proceso de exfuncionarios públicos por abusar de sus atribuciones en el ejercicio público durante la administración estatal (2016-2022). Destacan, 10 exalcaldes, un secretario estatal y un oficial mayor.
Además, se han recuperado 475 millones de pesos, mismos que han regresado a las arcas públicas para destinarse a beneficio de los hidalguenses. Esto, derivado de las investigaciones de la red de corrupción denominada Estafa Siniestra que involucra a ex presidentes municipales y otros funcionarios públicos.
De los casos concretos, quienes han devuelto dinero al pueblo están: el exalcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, quien devolvió 25 millones de pesos como reparación del daño. El edil fue acusado de los delitos de uso ilícito de atribuciones, lo que derivó en un peculado de 60 millones de pesos, recursos que estaban destinados a los afectados por las inundaciones en Tula.
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El exalcalde de Epazoyucan regresó 4 millones 264 mil 734 pesos; Pisaflores, 4 millones 644 mil 133 pesos; Huautla, 2 millones 661 mil 578 pesos; Pachuca, 58 millones de pesos, en tanto que algunos organismos como la Oficialía Mayor devolvieron 9 millones 124 mil 302 pesos.
Las investigaciones
Entre otros implicados en la Estafa Siniestra se encuentra el del exoficial mayor Martiniano Vega Orozco, sentenciado a 12 años de prisión por peculado agravado. Se le responsabiliza del desvío de más de 18 millones de pesos mediante la contratación de empresas fantasma durante la pandemia de covid-19. El fallo judicial ordenó la reparación del daño por más de 14 millones.
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Otro caso relevante es el del exalcalde de Tula de Allende, Manuel Hernández Badillo, quien aceptó su responsabilidad por uso ilícito de atribuciones. Aunque logró conmutar su pena por servicio comunitario, debió devolver parte de los recursos desviados durante su gestión, especialmente en contrataciones irregulares tras la inundación de 2021.
También destaca el caso del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, donde dos exfuncionarios realizaron transferencias indebidas desde fondos destinados a programas sociales. Aunque alegaron gastos operativos, no presentaron documentación válida. Ambos fueron inhabilitados y obligados a devolver el dinero transferido a cuentas personales.
Así como el caso del exsubdirector del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) quien pagó 1 millón 33 mil 845 pesos, hechos que lo mantuvieron recluido en la penitenciaría de Pachuca desde mayo del año pasado. Daniel habría entregado de manera ilícita una concesión de taxi, acción que presuntamente cometió en conjunto con Jorge N, exdirector del Sistema de Transporte Convencional.
¿Por qué es importante?
El proceso de recuperación de recursos públicos desviados por exfuncionarios en Hidalgo busca fortalecer la confianza de la población en el combate contra la corrupción. De acuerdo con la política de la administración de Julio Menchaca cada peso reintegrado al erario puede destinarse a salud, educación, infraestructura o programas sociales.
jgp