Pachuca.— El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció que ha sido difícil identificar a los destinatarios finales del dinero desviado del entramado de corrupción conocido como Estafa Siniestra, en la que participaron autoridades estatales, municipales y empresas fachada.
“Lo que pasó es que se autorizaron recursos extraordinarios, así entre comillas, para algunas cuestiones, para supuesta obra o para supuestas inversiones. Y lo que sucedió en muchos de los casos es que lo recibían los presidentes municipales y lo depositaban en empresas fachadas. Ha sido muy complicado porque fue todo un entramado bien planeado”, explicó el mandatario estatal.
La dificultad está en identificar a los destinatarios finales y la búsqueda de la recuperación de los recursos, así como la posible implicación de funcionarios, incluyendo a la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, mencionó.
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Julio Menchaca expuso que, incluso muchos presidentes municipales ni siquiera hicieron uso del dinero, “se los depositaban, seguramente con alguna promesa de que iba a haber después alguna otra participación. Con uno en particular, el mismo día que recibió los recursos, los depositó, los transfirió a la empresa que le indicaron y sucede que esas empresas, además por casualidad las mismas, no tenían el domicilio, no existían”.
Sobre la posible implicación de la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas, el gobernador indicó que la Auditoría Superior ya hizo públicas una serie de cuestiones que no se han solventado, y se espera el término legal para proceder. Aunque reconoció la existencia de varios funcionarios que podrían estar involucrados, prefirió no mencionar nombres hasta tener los elementos para ejercer las acciones penales correspondientes.
Revisión de notarías públicas
En otro tema, el gobernador de Hidalgo informó que llevaron a cabo una revisión a las notarías públicas que operan en la entidad, y reveló que detectaron irregularidades en el cobro de escrituras al estado en administraciones pasadas.
Explicó que la ley establece que las escrituras para el gobierno se deben ofrecer de forma gratuita, y se detectó que en pasadas administraciones se cobraban cantidades elevadas por esa labor.
“Lo que venía pasando en otras administraciones, la ley del notariado, si no mal recuerdo, en el artículo octavo, fracción cuarta creo, establece que no se le puede cobrar al estado por las escrituras, porque es un permiso que otorga el estado. Y durante las administraciones pasadas, era un negocio irregular pagarle a un notario, y se pagaban en cantidades muy fuertes”, indicó.
En la actual administración, se ha hecho efectiva esta normativa, garantizando que todas las escrituras necesarias para el estado sean sin costo. Asimismo, destacó el respaldo y apoyo del Colegio de Notarios, que participa en las "Rutas de la Transformación" ofreciendo servicios gratuitos a la ciudadanía y otorgando escrituras sin costo, como una forma de corresponder al privilegio del fiat notarial. No se prevén convocatorias para nuevos notarios por el momento, y se trabaja en una nueva ley del notariado.
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