Pachuca.— Una sentencia del Poder Judicial de Hidalgo rechazó una millonaria demanda interpuesta por un ciudadano contra presuntos abusos de autoridad por parte de servidores públicos.
El demandante buscaba una indemnización por daño moral, argumentando que sufrió un menoscabo significativo debido a la omisión de funciones y negligencia por parte de los demandados, quienes, según el escrito, se aprovecharon de su posición en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales.
La jueza a cargo, Celia Ramírez Godínez, del Juzgado Primero Civil de Pachuca, emitió la resolución definitiva el 26 de mayo de 2025, después de un litigio que se extendió por más de cinco años.
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El caso inició el 28 de noviembre de 2019, cuando el demandante, a través de su apoderado legal, promovió un Juicio Ordinario Civil contra los servidores públicos y la institución a la que estaban adscritos.
El demandante alegaba que las acciones y omisiones de los funcionarios durante la tramitación de una carpeta de investigación habían provocado graves daños y perjuicios de difícil reparación, violentando sus derechos.
El monto de la reparación
Entre los conceptos de pago solicitados por el demandante destaca 90 millones de pesos por concepto de daño moral y otros 120 millones de pesos por daños y perjuicios intangibles.
Adicionalmente, pedía el pago del 10 por ciento de intereses mensuales sobre el monto reclamado, así como una serie de gastos que incluían honorarios, viáticos y costas procesales. La cifra global, sumando todos los reclamos, ascendía a cientos de millones de pesos.
Aunado los honorarios del abogado por la cantidad de 150 mil pesos. El pago del gasto ocasionado por el pago de anticipo de honorarios, por la prestación de servicios profesionales, por 100 mil pesos. El pago de los gastos ocasionados por el pago de viáticos de la ciudad de Hermosillo a la ciudad de Pachuca, a razón de 20 mil pesos, dando una suma de 300 mil pesos, entre otros.
Improcedente
La jueza determinó que los codemandados, los servidores públicos, carecían de "legitimación pasiva" en la causa. Esto significa que, aunque la acción se basó en hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, la demanda se interpuso contra ellos por "propio derecho" y no en su calidad de agentes del Ministerio Público. Por lo tanto, la demanda en su contra fue declarada improcedente.
Asimismo, la jueza consideró que la demanda contra la Procuraduría, a la cual los funcionarios están adscritos, también era improcedente. Esto se debió a que, al no existir una condena directa contra los servidores públicos, no había una base para que la dependencia respondiera de manera solidaria o subsidiaria por los daños. Como resultado, se absolvió a ambas partes demandadas de todas las prestaciones solicitadas.
Resumen de peticiones
- Daño moral: 90 millones de pesos
- Daños y perjuicios intangibles: 120 millones de pesos
- Intereses mensuales: 10 por ciento sobre el total reclamado
- Gastos de honorarios profesionales: 150,000 pesos
- Un anticipo de 100,000 pesos
- Gastos de viáticos: 300,000 pesos
- Gastos y costas judiciales: No menor al 30 por ciento de la reclamación global
- sjl