Pachuca, Hgo. - Por considerar que el tipo penal atenta contra los derechos humanos de las mujeres, al ser consideradas como un objeto, las diputadas Tania Meza y Guadalupe Cruz propusieron derogar el Capítulo III, denominado Rapto, del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
De acuerdo con Tania Meza Escorza, se busca alinear la legislación local con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y no discriminación, eliminando lo que se considera un rezago legislativo.
En la justificación, las legisladoras señalaron que históricamente, el delito de rapto estaba vinculado a la concepción de la mujer como una propiedad, un concepto que la iniciativa califica de obsoleto y contrario a los derechos fundamentales de libertad individual, sexual y desarrollo psicosexual.
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Asimismo, argumentan que las conductas asociadas al rapto ya están contempladas en delitos como privación ilegal de la libertad, secuestro con agravantes o delitos sexuales, los cuales ofrecen una mayor protección y sanciones más severas.
La iniciativa en el Congreso de Hidalgo enfatiza la obligación del Estado de erradicar la desigualdad, la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas, invocando la Convención Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Delito de rapto, discriminatorio
Además, se destaca que desde 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado el delito de rapto como discriminatorio y ha instado a Hidalgo, junto con Nuevo León, a derogar esta figura, siendo estas las únicas entidades que aún la mantienen.
La propuesta no generará impacto presupuestal, ya que se limita a la derogación de los artículos 169, 170 y 171 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Exhortan a Mineral de la Reforma por detención arbitraria
Los diputados Carlos Alejandro Alcántara Carbajal y Karla Perales Arrieta, propusieron un acuerdo económico para exhortar a la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma a revisar y actualizar exhaustivamente su Bando de Policía y Gobierno y el Reglamento de la Administración Pública Municipal.
Lo anterior, con el objetivo de armonizar los protocolos de detención con los marcos jurídicos nacionales e internacionales, y destacar los derechos humanos, el uso de la fuerza, la legalidad, el debido proceso, la perspectiva de género y la no discriminación.
La propuesta surge a raíz de un incidente ocurrido el pasado 4 de agosto de 2025 en Mineral de la Reforma, donde se documentó la detención presuntamente arbitraria de Alan Javín Álvarez Ríos, director Ejecutivo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC).
Durante esta detención, según el legislador se registraron violaciones como uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, discriminación por identidad de género, falta de información sobre el motivo de la detención y obstaculización a la labor de otro defensor de derechos humanos, además de diversas irregularidades en el proceso.
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