Tulancingo.— Luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo (SUTUPOT) calificara como “arbitrario y carente de sustento jurídico” el proceso de baja definitiva del profesor Ángel Ramírez Montiel, señalado de acoso sexual y agredido por un estudiante el pasado 25 de julio, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Daniel Fragoso, aseguró que la determinación se llevó a cabo conforme a las normas administrativas.
Antecedente
De acuerdo con el Sindicato, la separación del docente fue anunciada a través de un comunicado conjunto de la UPT y la Subsecretaría, atendiendo a la recomendación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), sin embargo, la organización sindical argumentó que el procedimiento careció del principio de debido proceso.
En respuesta, Daniel Fragoso precisó que antes de emitir el comunicado oficial de la institución educativa hubo una reunión con integrantes del SUTUPOT para explicarles el acuerdo derivado del veredicto del CEPCI, por lo que no hay un conflicto con la representación docente ni administrativa.
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“Manifestaron la posibilidad de pedir una revisión del procedimiento, cosa que están en su derecho. Creo que la postura es enérgica; sin embargo, el procedimiento se llevó conforme a cómo lo dictan las normas administrativas. No se violentaron en ningún momento los derechos o garantías del imputado”, afirmó.
Revisión del caso
El subsecretario detalló que el profesor implicado participó en las indagatorias realizadas por el Comité, en las que también fueron entrevistados varios alumnos, e informó que la Universidad tendrá que responder al Sindicato en el plazo que marca el derecho de petición y de ser necesario, se revisará el caso.
“La determinación que se tomó fue la baja del extrabajador de la Politécnica de Tulancingo, si consideran necesario que se vuelva a revisar el caso se revisará, se tiene un periodo de dos días”.
Según el comunicado emitido por el Sindicato se exige la revisión inmediata del proceso, la suspensión de cualquier comunicado institucional hasta agotar el procedimiento legal correspondiente y la reposición del caso con estricto apego a derecho.
“Este caso sienta un precedente preocupante al vulnerar no solo derechos laborales, sino también garantías individuales, lo que podría afectar la confianza en las instituciones educativas y la integridad de toda la comunidad académica”.
sjl