Pachuca.— Martiniano N, exoficial Mayor de Hidalgo, defendió su inocencia, y aseguró que durante el juicio oral al que fue sometido por el delito de peculado agravado nadie lo acusó directamente de ordenar el desvío de recursos y que el responsable de la operación se encuentra libre.
En una declaración previa a conocer su sentencia de 12 años de prisión, Martiniano afirmó ser víctima de un sistema judicial que, a su parecer, opera "en un mundo al revés".
Martiniano subrayó que "de todos los testigos nadie dijo que yo era responsable, que yo ordenara, nadie dijo que yo les di una orden para desviar el recurso". Insistió en que no se quedó "con ningún peso" y se comprometió a seguir luchando "hasta demostrar mi inocencia".
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En su defensa, Martiniano aclaró que la Oficialía Mayor no es una sola persona, sino "toda una estructura", y señaló que quien "operó el programa está libre", de ahí el mundo al revés, donde el culpable está libre y el inocente en la cárcel.
Martiniano sugirió "traen algo en mi contra". No obstante, destacó su intachable trayectoria laboral, afirmando que "en todos lados donde trabajé fui un hombre querido y reconocido por su trabajo".
El acusado enfatizó su respeto por la ley y su conocimiento en la materia, reiterando que "de todos los que comparecieron nadie me acusó de que yo haya cometido el delito".
Subrayó la ironía de la situación, aludiendo a que "los inocentes estamos adentro y el culpable está fuera", en referencia a Víctor Eloy Porras quien se acogió a un proceso abreviado y que, según Martiniano, "nunca me responsabilizó".
El juicio
El 28 de mayo marcó el inicio del juicio del exoficial Mayor, Martiniano N, acusado de presuntas irregularidades en la adquisición de una crema quirúrgica antiséptica. Los testimonios y las pruebas presentadas a lo largo del proceso judicial pintaron un escenario, donde la urgencia de la pandemia de Covid-19 sirvió como telón de fondo para una serie de decisiones cuestionables y señalamientos directos hacia otros funcionarios.
Eduardo Alonso N, exsecretario ejecutivo del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, centró su testimonio en la excepción del procedimiento de licitación para la compra de la crema, un proceso que, según él, debía ser sometido al comité bajo su competencia.
Posteriormente, la atención se volcó hacia Víctor Eloy Porras Oaxaca, quien en 2022 fungía como director general de recursos materiales de la Oficialía Mayor. Porras Oaxaca había solicitado la dictaminación para no llevar a cabo la licitación pública y determinó al proveedor de los módulos de crema quirúrgica: Remaco Servicios Empresariales, SA de CV.
Otro testigo clave fue Gerson Rivay Ordaz Hernández, exdirector de Servicios y Finanzas de la dirección de recursos materiales. Ordaz Hernández declaró que Víctor Eloy Porras Oaxaca le pidió "regularizar" el procedimiento administrativo, lo que consistía en alinear cronológicamente el contrato 005-2022, con el que se hizo la supuesta adquisición de las cremas.
Ante esta admisión, la defensa de Martiniano solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento abrir una carpeta de investigación por la presunta comisión de un delito, a lo que el tribunal respondió que la defensa estaba en su derecho de iniciar las carpetas que considerara pertinentes.
La defensa de Martiniano insinuó que a este testigo se le ofreció impunidad a cambio de su testimonio.
Ezequiel Moreno Pérez, miembro del comité de adquisiciones, testificó sobre su rol en la revisión del procedimiento de no licitación, asegurando que su labor era verificar que estuviera debidamente motivado y fundado.
Mario Martínez Baños, quien se desempeñaba como subdirector de mantenimiento y conservación y supervisor de personal de intendencia, fue particularmente revelador. Afirmó que nunca vio la crema quirúrgica y que firmó como testigo en el contrato porque Víctor Eloy Porras Oaxaca lo obligó.
Martínez Baños relató la presión que sufrió: "Piénsale si quieres tu chamba, eso en relación a la firma del contrato. Si no firmas, me dijo el director que es tu chamba". Declaró que, aunque no quería perder su trabajo, grabó un audio en el que manifestaba su desacuerdo por las cantidades manejadas y advirtió que no quería problemas con las autoridades. Subrayó que fue Víctor Eloy Porras quien lo obligó a firmar, sin la presencia de Martiniano.
Juan Manuel Licona Flores, trabajador del almacén general de gobierno y responsable del mismo, cuyas funciones incluían firmar y sellar la documentación de los productos entregados por proveedores, reveló que Gerson Rivay le mostró el contrato de la compra de la crema y le comentó que el producto no ingresaría al almacén porque el proveedor se encargaría de dispersar directamente.
El 12 de junio de 2025, la perito María del Carmen presentó un dictamen en materia de contabilidad forense. Su conclusión fue contundente: al no apegarse a la normatividad, se ocasionó un daño al erario público por la simulación de la compra de una crema a la empresa Remaco por la cantidad de 18 millones 248 mil 606 pesos.
La perito afirmó que no existía documentación sobre la existencia del producto en el almacén, ni bitácora, ni calendarización de entrega, ni registro de quién recibía. Aseguró que se trataba de una "operación armada" al no mencionarse ni siquiera la cantidad de litros adquiridos.
Rosa Daniele, directora general de padrones y procedimientos de contratación de la contraloría, dio cuenta de la baja y cancelación del registro de la empresa Remaco, ya que no se comprobó su domicilio en Avenida Las Palmas, colonia San Antonio El Desmonte.
El 26 de junio de 2025, comparecieron José Luis Blancas Hernández y Edgar García Bautista, un policía que recabó información sobre el domicilio de la empresa.
Posteriormente, la defensa de Martiniano presentó a sus propios testigos y solicitó la comparecencia de Luis Raúl González Becerra, juez de control que había autorizado el procedimiento abreviado de Víctor Eloy Porras Oaxaca. Sin embargo, el Tribunal de Enjuiciamiento no admitió su testimonio y la defensa declinó.
Por último, compareció Raúl Serret Lara, coordinador general jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, quien abordó la facultad de revisar contratos siempre y cuando lo solicitara la entidad.
La sentencia
Martiniano N, exoficial Mayor del Estado de Hidalgo, durante la administración de Omar Fayad Meneses, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado agravado, así lo determinó el Tribunal de Enjuiciamiento este 15 de julio de 2025.
También se le impuso una multa de 44 mil 838.52 pesos y el pago de una reparación de daño de 14 millones 802 mil 904.59 pesos.
sjl