Pachuca.— Martiniano N, exoficial Mayor del Estado de Hidalgo, durante la administración de Omar Fayad Meneses, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado agravado, así lo determinó el Tribunal de Enjuiciamiento este 15 de julio de 2025.
También se le impuso una multa de 44 mil 838.52 pesos y el pago de una reparación de daño de 14 millones 802 mil 904.59 pesos.
El agente del Ministerio Público solicitó una pena máxima de prisión y el máximo grado de reproche sin equivalente a 18 años y 18 a meses, así como el pago de una reparación de 36 millones 497 mil 213 pesos; pues a su consideración cometió un delito en contra de la administración pública y en contra de la confianza depositada en los funcionarios públicos del estado.
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Lo anterior por haber realizado un contrato con la empresa Remaco para adquirir 34 mil 358.12 litros de crema antiséptica a un precio de 467.67 pesos, a un costo total de 18 millones 248,606 como parte de un programa por un Hidalgo seguro, ello en el año 2022 cuando ya había terminado la pandemia y la urgencia de la crema no era apremiante.
Así fue el juicio de Martiniano N
Desde el 28 de mayo de 2025 inició el debate del juicio oral 103/2025, desde esa fecha y hasta el pasado 8 de julio se llevó a cabo el desfile probatorio en el que comparecieron más de 14 testigos entre ellos, el coordinador jurídico, Raúl Serret Lara, y se desechó la posibilidad de que compareciera el juez de control, Luis Raúl González Becerra.
Se presentaron testimonios de peritajes en contabilidad, del encargado del almacén quién aseguró que Víctor Eloy le ordenó hacer documentos apócrifos de la entrada de la crema, así como de los integrantes del Comité de Adquisiciones, de miembros de la contraloría e incluso de vecinos de la colonia San Antonio El desmonte de la calle La Palma, que es donde supuestamente estaba instalada la empresa que resultó ser fantasma.
Los testigos coincidieron en señalar que quien había dado la orden, girado la instrucción y aprobado el contrato fue el ya sentenciado Víctor Eloy Porras Oaxaca, exdirector de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor. Sin embargo, el Tribunal de Enjuiciamiento argumentó que estaba dentro de las funciones del oficial mayor vigilar las acciones de su personal, en concreto de sus directores en este caso de Víctor Eloy Porras y determinó imponer una pena privativa de libertad equivalente a 12 años de prisión y el pago de reparación de daños por 14 millones de pesos que fueron los depósitos que se hicieron a la empresa Remaco.
El Tribunal de Enjuiciamiento estuvo integrado por Diana Villarreal Quintero, como jueza presidenta, así como Hibels José Luis Crespo García y Miguel Ángel Galindo Nájera.
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