Pachuca. — Alan Javín Álvarez Ríos, director ejecutivo de Seiinac, señaló que las autoridades educativas del Centro de Bachilleratos Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 222 deben revisar su actuar, en cuanto a la implementación del operativo mochila, en el que decomisaron un arma de fuego en la institución, ya que dicha estrategia vulnera los derechos humanos del adolescente.
Este martes 13 de mayo se registró una movilización en el CBTIS 222, plantel ubicado en la zona sur de Pachuca, sobre el bulevar Felipe Ángeles, esto porque uno de los alumnos tenía un arma de fuego entre sus pertenencias, lo que inquietó a sus compañeros y dieron aviso a las autoridades educativas de dicha escuela de educación media superior.
Ante el reporte, los docentes a cargo del plantel procedieron a realizar un operativo mochila y encontraron un revolver negro con café, por lo que dieron aviso a la Secretaría de Seguridad Pública municipal y a personal del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).
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Con respecto a dicha actuación, Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac) aclaró que dicho actuar vulneró su derecho a la privacidad del adolescente, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó que hacer una operación mochila es inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.
“Me parece importante la participación de la propia Procuraduría para que no se le vulneren más sus derechos”, mencionó en cuanto a que el joven estudiante fue presentado ante el Ministerio Público, pese a que no cometió algún acto imputable, es decir, no se registraron amenazas o ataques en contra de alguna persona o ser vivo por el alumno detenido.
Javín Álvarez también dijo que no hay delito que perseguir, por lo que podría derivar en una infracción a nivel escolar como consecuencia por ingresar una arma de fuego a un edificio educativo.
Pese a que el activista señaló que no hay delito que perseguir, el Código Penal Federal establece en el artículo 161 que quien porte un arma debe ostentar un permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional, asimismo, el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo sanciona de 2 a 7 años de prisión y 50 a 200 días multa, a quien porte un arma sin licencia.
Llamó a las autoridades a revisar su actuar
“Entiendo que el contexto social es complejo, el incremento de la violencia es compleja, pero tiene que buscar otros mecanismos que no sean violatorios a los derechos humanos”, explicó el activista.
Por lo que propuso a las autoridades trabajar desde la prevención y revisar su actuar porque el “hecho de que desconozcan ciertas legislaciones no les exime de que tengan que saberlo y que tengan protocolos y lineamientos”.
“La SEP (Secretaría de Educación Pública) tiene que tener un trabajo para socializar todos los marcos jurídicos (desconocidos para administrativos y docentes) que están vigentes y que cubren muchas de las situaciones que se dan en los centros educativos”, mencionó Alan Javín.
Agregó que la previsión es importante, por lo que tendrían que invertir en este tema; “pienso en estos sensores de detección de armas o no sé, pero no hay presupuesto, es muy difícil y muy complejo, pero sí tendrían que estarle apostando al tema de prevención desde la institución”.
Instituciones deben hacer un análisis profundo
“Yo pensaría en un cómo un adolescente accede a un arma y es responsabilidad también de las personas adultas qué estamos haciendo para que un adolescente acceda a esa arma, puede no ser desde la propia casa, a lo mejor está en otro círculo social donde puede acceder fácilmente a eso”, reflexionó sobre el caso del alumno de bachillerato.
Por lo anterior exhortó a las instituciones gubernamentales “hacer un análisis más profundo de qué le está sucediendo a ese adolescente para que haya una restitución de derechos porque seguramente puede estar pasando un tema de violencia”.
Desde la sociedad civil no se busca un castigo ni criminalización, además, opinó que cuando existen casos de adolescentes en conflicto con la ley, el estado no está haciendo su trabajo.
sjl