Pachuca.— La alcaldesa de Singuilucan, Yazmín Dávila López, anunció que prepara una denuncia penal por abuso de autoridad y violación de derechos procesales contra el Tribunal Laboral del Estado de Hidalgo, por el embargo de cuentas bancarias y bienes públicos, que derivó de un juicio interpuesto por 24 extrabajadores.
La presidenta municipal, Yazmín Dávila López, dio el mensaje en la plaza principal del municipio, que también está embargada, a la que convocó a cientos de vecinos de Singuilucan.
Afirmó que el embargo es ilegal e improcedente, debido a que la Ley Orgánica Municipal establece que los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que se lleva a cabo el proceso de nulidad.
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Respecto a las cuentas públicas, indicó que tampoco podían ser embargadas, ya que la Ley de Coordinación Fiscal señala que las participaciones de los municipios son inembargables, no pueden afectarse para fines específicos, ni estar sujetos a retención. Por tales motivos, dijo, prepara la denuncia penal.
“El proceso de embargo se realizó violando principios procesales y el Tribunal, institución que vergonzosamente llevó a cabo el embargo, actuó de forma arbitraria, ventajosa e imparcial. Estamos uniendo estrategias jurídicas que permitan echar abajo el intento de saqueo”, e informó que a partir de hoy el ayuntamiento reanudará sus actividades con normalidad.
Así fue el acto público
Luego de que el martes pasado fuera ejecutada una orden de embargo por 21.4 millones de pesos, que expidió el Tribunal Laboral local, por una demanda de 24 extrabajadores, la alcaldesa y cientos de ciudadanos se reunieron en la explanada del municipio.
Dávila López rindió un informe detallado sobre la situación actual que enfrenta el municipio pulquero.
“Estamos aquí para defender nuestro patrimonio, dignidad y futuro, y mandar un mensaje fuerte y claro, sin importar colores o ideologías, vamos a defender causas justas, lo que es nuestro. Hoy Singuilucan alza la voz para decir ¡no más saqueo!”, externó en su mensaje, acompañada por síndicos y regidores.
Señaló que la demanda interpuesta por 24 trabajadores de administraciones pasadas presenta una serie de opacidades, cuya resolución pretende que el municipio pague más de 21 millones de pesos, tomando como bienes la Presidencia Municipal, la Plaza Principal, el Auditorio del pueblo, el terreno para el nuevo panteón en Caraballo, la Capilla de San Joaquín, el Centro de Salud del Susto y predios comunitarios en Matías Rodríguez y La Comunidad.
Asimismo, fueron embargadas cuentas bancarias que permiten el óptimo funcionamiento como los servicios básicos, obra pública, agua, seguridad, recolección de basura, caminos, alumbrado, traslados médicos y acciones de desarrollo para el municipio.
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