Singuilucan.- El gobierno municipal de Singuilucan informó que hay una parálisis operativa en áreas esenciales que derivó de una sentencia de embargo dictada por el Tribunal Laboral del Estado de Hidalgo, por una demanda de 24 extrabajadores por sueldos caídos y otras prestaciones, en la que se exige el pago de 21 millones de pesos.
La acción legal, cuyas diligencias se llevaron a cabo la tarde del 22 de abril, imposibilitan la disposición de recursos económicos necesarios para el abastecimiento y operación de los Centros de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario que benefician a alumnos de nivel básico.
Del mismo modo, la compra de combustible diésel y gasolina para unidades que brindan traslados médicos o personas que requieren atención especializada o urgente; el servicio de recolección de basura, el pago de servicios básicos, proveedores y contratistas.
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En contexto, en el año 2016, 30 trabajadores interpusieron una demanda para reclamar indemnizaciones, tras varios procesos legales, en 2022 hubo una sentencia que obligaba al municipio a pagar pero fue omiso. En diciembre del 2024, como último recurso, 24 trabajadores se ampararon ante una autoridad federal, por lo que lograron el embargo por 21.4 millones de pesos, entre ellos cuentas y bienes inmuebles como parques, las instalaciones de la presidencia, la Plaza principal, la Parroquia de San Joaquín, el Centro de Salud en la comunidad del Susto, por mencionar algunos.
“A nosotros nos toca interponer recursos legales del por qué la mayoría de las cuentas son inembargables ya que el dinero que cae es destinado al servicio y funcionamiento del municipio, no nos podemos quedar sin operaciones. Confieso como singuiluquense que me da mucha tristeza que estas 24 personas estén actuando de esa manera y nos tengan en esa situación, pero estoy segura de que vamos a salir abantes porque, insisto, vamos a pagar, tenemos la obligación”, indicó la alcaldesa de Singuilucan, Yazmín Dávila López.
Además de opacidad en proceso administrativos y corrupción, se señalaron otras deudas en el ayuntamiento pendientes, dos laudos más por cerca de 4 millones de pesos de los cinco existentes, además de 70 juicios laborales.
Derivado de los procesos de entrega recepción y con base en las observaciones que obtuvieron, se iniciaron a tres carpetas de investigación: la primera el 5 de febrero del 2025 ante el Centro de Atención Temprana en Pachuca por el delito de peculado y lo que resulte, esto por una falta de Impuesto Sobre la Renta ISR correspondiente a los ejercicios fiscales del 2017 a septiembre del 2024, por un monto de 14 millones de pesos.
La segunda se interpuso el 20 de febrero del 2025 ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por peculado y lo que resulte, por pagos de nómina sin justificación con un monto de 21 millones de pesos; la tercera, en la misma fecha e institución por el delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por el ejercicio de recursos del presupuesto de egresos fiscales del 2021, 2022 y 2023 sin autorización.
“Esto nos deja un monto observable de 125 millones de pesos, cantidades muy grandes que nos afectan por completo a la administración y la operación en el municipio, en el caso del adeudo por el ISR cada mes le retienen al municipio la cantidad de 600 mil pesos reduciendo el presupuesto para servicios y atención a la ciudadanía”, externó el síndico procurador Donato de Jesús Ramírez Olvera.
sjl