Singuilucan.— El mediodía de este 22 de abril, personal del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llevó a cabo un proceso de embargo por más de 21 millones de pesos al municipio de Singuilucan, por laudos caídos desde 2018. En conferencia de prensa, la alcaldesa Yazmín Dávila anunció que busca revocar el embargo.
Debido a la demanda laboral, que fue promovida por 24 extrabajadores del ayuntamiento, fueron congeladas las cuentas del municipio. Además, los exempleados exigen el terreno para el panteón de Caraballo, áreas verdes en dos comunidades, la plaza principal de Singuilucan, el auditorio municipal, la presidencia, la capilla de San Joaquín, la Casa de Salud del Susto y una fosa séptica en la comunidad de Alfajayucan.
La alcaldesa Yazmín Dávila preció que el embargo corresponde a un expediente laboral que se originó en 2016, en el que inicialmente 30 trabajadores demandaron al municipio reclamando pagos por indemnizaciones y prestaciones laborales dada la terminación de sus contratos, en el proceso se emitieron diversas sentencias y en el último fallo condenatorio contra el municipio se ordena cubrir el adeudo de 21 millones 408 mil 405 pesos.
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“Estamos pasando por una situación complicada en lo legal y financiero, en un ejercicio sin precedente en el municipio en materia de rendición de cuentas. Debido a que dicha cantidad no fue cubierta en su momento por las anteriores administraciones. El Tribunal de Arbitraje programó el embargo de recursos municipales por ese monto. Esta es una de tantas herencias que dejó la mala administración pasada y decisiones tomadas hace más de 9 años que permitieron que la deuda creciera hasta este punto crítico”.
Explicó que desde la notificación el ayuntamiento tomó medidas legales inmediatas, se interpuso un recurso de revisión ante las instancias federales impugnando la orden de ejecución del laudo, y se detectó que en el proceso judicial, además de no tener la oportunidad de negociación, detectó un error aritmético en la suma que se reclama al municipio, con un excedente de casi 5 millones de pesos, por lo que se solicita al Tribunal revisar las cifras exigidas en el laudo y que se revoque o suspenda el embargo.
“El municipio hará frente a los compromisos legales, pero tampoco permitiremos abusos ni pagos indebidos que agravien aún más la ya complicada situación financiera que vivimos, queremos llegar a una solución justa y ordenada, queremos negociar con los trabajadores una forma de pago que el municipio pueda soportar para evitar perder recursos esenciales de un solo golpe”.
La alcaldesa informó que además del laudo de 21.4 millones de pesos, existe cuatro más pendientes, el segundo es por un millón 700 mil pesos y la reintegración del trabajador; el tercero, fue liquidado por convenio a finales de 2024; el cuarto, también liquidado por acuerdo por 481 mil pesos; el laudo cinco es por 2 millones 45 mil pesos a expolicías por una separación inadecuada de sus funciones.
Entre las medidas que implementará el ayuntamiento será una restructura financiera interna, un plan estricto de austeridad, el reordenamiento del presupuesto municipal, se reducirán gastos no esenciales, se optimizarán recursos disponibles y se priorizará la ejecución del gasto en las áreas más sensibles para la ciudadanía, esquemas de pago diferido con extrabajadores y en el SAT, así como calendarizar pagos que garanticen la operabilidad del municipio.
“Daremos los elementos adecuados para que se llegue con los responsables de tener al municipio en la situación tan vergonzosa y complicada que tenemos, estaremos al pendiente de cualquier auditoría o investigación, no vamos a tolerar corrupción ni impunidad, si hubo responsables que hicieron mal uso del dinero que enfrenten las consecuencias conforme a la ley”.
sjl