PACHUCA.- Con la finalidad de dar certidumbre a los usuarios de diversos servicios financieros y castigar el uso de la violencia e intimidación para requerir el pago de una deuda mediante medios electrónicos o virtuales, el grupo parlamentario del Partido Verde subió una iniciativa para reformar el Código Penal para el estado de Hidalgo en materia de cobranza extrajudicial ilegal.
La legisladora María Guadalupe Cruz Montaño dio lectura a la propuesta, en la cual se pretende modificar el artículo 175 Bis para incluir la figura de los créditos o financiamientos otorgados de manera digital, además del uso de hostigamiento para cobrar una deuda.
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De igual forma, se agrega un párrafo en el que se establece que la pena aumentará en una mitad en caso de que se utilice cualquier tipo de plataforma, aplicación móvil, medio digital u otro de comunicación electrónica, radial o satelital para recabar datos personales sensibles, con el fin de utilizarlos para requerir el pago.
La diputada señaló en su exposición de motivos que a partir de la pandemia de covid-19, se incrementaron las plataformas y aplicaciones digitales para el otorgamiento de créditos y financiamientos, las cuales ofrecían préstamos rápidos y de manera fácil, sin pedir mayores requisitos, ni revisar buró de crédito, “pues en realidad están diseñadas para estafar a los usuarios”.
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Así operan los montadeudas
Guadalupe Cruz Montaño señaló que estos grupos “delincuenciales” son conocidos coloquialmente como “montadeudas”, quienes ofrecen préstamos inmediatos, pero sus tácticas están diseñadas para atrapar a las personas en una deuda de la cual es difícil salir, pues suelen pedir intereses exorbitantes.
Agregó que el modus operandi de los montadeudas es ofrecer préstamos de entre 500 y hasta 20 mil pesos, que se otorgan luego de descargar una aplicación, la cual pide permisos para tener acceso a información personal.
Este sistema suele ser atractivo para las personas que se encuentran en una necesidad, sin embargo, la pesadilla comienza casi de inmediato, pues estos grupos suelen adelantar las fechas de pago sin notificación, además de que el cobro de los intereses va aumentando.
Es ahí cuando comienzan a enviar mensajes intimidatorios y amenazantes a los clientes para que liquiden una deuda que es sensiblemente mayor a la que inicialmente fue adquirida, y en caso de no cumplir con ello, suelen ser amenazados con la divulgación de datos íntimos, o incluso, en contra de su propia vida, además de hostigar a contactos que no tienen que ver con la situación.
Por ello, señaló que es importante brindar certidumbre a los usuarios que hayan caído en este tipo de servicios financieros, y sancionar el uso de la violencia e intimidación para solicitar un pago. La propuesta fue turnada a comisiones.
jgp