Pachuca.— Trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública Federal acusan violaciones a sus derechos laborales como empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF), esto luego de que comenzó la implementación de la reforma judicial.
En el exterior del Poder Judicial de la Federación dieron lectura a un posicionamiento, por medio del cual aseguran que han sido víctimas de descuentos en sus nóminas, bajo el argumento de que se trata de adecuaciones al Impuesto Sobre la Renta, así como el descuento de un bono que se les otorga de manera anual.
En su pronunciamiento señalaron que su patrón, el consejo de la judicatura Federal, ha realizado diversos descuentos y además disminuyó el porcentaje que otorgaba para un seguro, el cual pasó del 10 al 2 por ciento, hecho que afecta al personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, asesores y defensores públicos federales, así como el personal administrativo del Consejo de la Judicatura Federal.
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Pedro Uribe Pastel, defensor público federal, señaló que el Consejo de la Judicatura Federal aplicó "descuentos a las nóminas de prestadores de servicio", justificándose en adecuaciones al ISR y a bonos anuales, además de reducir el seguro a asesores jurídicos, defensores públicos y personal administrativo.
El defensor público recordó que en el décimo transitorio de la Reforma Judicial se estableció que no se iban a afectar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, hecho que no está ocurriendo.
Agregó que el personal del PJF, además de prestar servicios de asesoría y urgencia, muchas veces cubre de su propio bolsillo los gastos de visitas alternas y viáticos no reembolsados. “Hay diferencias en el trato con el personal de confianza. Esto es un acto de discriminación y atenta contra la economía de los trabajadores del PJF”, denunció.
Por su parte, Marcos García Solís, delegado del Sindicato de Renovación en el Poder Judicial de la Federación en Hidalgo, destacó que se están tomando medidas legales para evitar que el recorte afecte a los compañeros administrativos.
“Están afectando directamente a la defensoría pública. Es algo que realmente nos indigna. Nos preocupa porque precisamente ellos trabajan con personas que no tienen recursos”, comentó.