La extesorera de Singuilucan, Adriana N.N., permanecerá en prisión preventiva justificada, luego de que este martes se realizara la audiencia inicial dentro de la causa penal 2235/2025, por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades Agravado, cuya víctima es la Administración Pública.
Durante la audiencia, encabezada por la jueza Janett Montiel Mendoza, el Ministerio Público formuló imputación y detalló los hechos con apariencia de delito, entre los que destacan la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el año 2021, lo que habría generado un daño al erario estimado en 7 millones de pesos.
En esa misma carpeta de investigación también aparece como imputado el exalcalde de Singuilucan, Marcos Miguel N.N., con lo que suma ya tres procesos penales en su contra. Uno por 109 millones de pesos que solicitó como recursos extraordinarios y que fueron desviados y no aplicados para el objetivo solicitado. Y una segunda por 16 millones de pesos por incumplimiento de un deber en el que se le señala de no haber pagado un laudo.
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Plazo constitucional
A petición de las defensas de ambos imputados, integrada por Fernando Atender Sánchez y Carmen David Solís Hernández, se concedió el plazo constitucional de 144 horas para continuar la audiencia de vinculación, programada para el 14 de diciembre a las 08:00 horas, fecha en la que se determinará si son vinculados a proceso.
Sin embargo, ante los argumentos del Ministerio Público, la jueza determinó imponer a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que fueron ingresados al Cereso de Pachuca. Cabe aclarar que el exalcalde ya estaba en el penal.
La continuación de la audiencia será determinante para definir si los señalados enfrentarán proceso formal por su presunta responsabilidad en el daño económico ocasionado al municipio de Singuilucan.
Cabe mencionar que la extesorera fue aprehendida este lunes, luego de haber ido a dejar a sus hijos a la escuela, y posteriormente fue trasladada a Pachuca para ser presentada ante el juez de control para que determine su situación jurídica.
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