Pachuca.— La mañana de este 8 de diciembre, elementos de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Adriana N, extesorera del Ayuntamiento de Singuilucan, quien es señalada dentro de una carpeta de investigación relacionada presuntamente con irregularidades financieras vinculadas al caso conocido como Estafa Siniestra.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la exfuncionaria fue asegurada alrededor de las 08:09 horas en la colonia Vicente Guerrero Primera Sección, en Tulancingo. Al momento de su captura vestía pijama beige con estampado de flores, chamarra verde olivo y sandalias rosas. Tras la detención, fue puesta a disposición de la Fiscalía de Hidalgo, ante un agente del Ministerio Público con sede en la carretera Tulancingo–Pachuca, y se reportó su traslado hacia esa ubicación.
La aprehensión del exalcalde
La detención ocurre a pocos días de que también fuera aprehendido Marcos Miguel N, expresidente municipal de Singuilucan, igualmente investigado por posibles vínculos con el esquema de desvío de recursos identificado como Estafa Siniestra, que ha derivado en múltiples procesos contra exservidores públicos municipales en Hidalgo.
Te podría interesar
Autoridades estatales no han detallado aún por qué delitos concretos será presentada Adriana N; sin embargo, su captura se suma a la serie de acciones ministeriales emprendidas en las últimas semanas como parte del seguimiento a las presuntas responsabilidades de exfuncionarios involucrados en el manejo irregular de recursos públicos.
Se espera que en las próximas horas la Procuraduría emita información oficial sobre la audiencia inicial y la situación jurídica de la exservidora pública.
Las imputaciones del exalcalde
De acuerdo con la carpeta de investigación, Marcos Miguel N, en su calidad de presidente municipal durante el periodo 2020-2024, habría solicitado y ejercido 109 millones 645 mil 325 pesos en recursos extraordinarios otorgados por la extinta Secretaría de Finanzas, los cuales presuntamente fueron utilizados en 161 contratos con 22 proveedores, detectando múltiples irregularidades.
Entre los conceptos facturados se encuentran: sanitización de áreas comunales, papelería y artículos de escritorio, reparación y renta de maquinaria, uniformes y gastos ceremoniales.
Las autoridades ministeriales sostienen que los contratos carecen de soporte documental válido, presentan sobreprecios y simulación de servicios, además de violar los principios de legalidad, eficiencia y honradez en el ejercicio del gasto público.
Además, se le imputó el delito de incumplimiento de un deber legal agravado, derivado de la omisión en el cumplimiento de un laudo laboral dentro del expediente 253/2016, cuyo monto asciende a 16 millones 355 mil 405 pesos con 94 centavos.
sjl