Pachuca.— En medio de señalamientos por presuntas irregularidades en el proceso judicial, el exdiputado del Partido del Trabajo (PT), Edgar N, fue reingresado este martes al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, para cumplir la sentencia dictada en su contra por el delito de narcomenudeo.
El exlegislador fue notificado a las 10:58 horas de la resolución definitiva dentro del Toca Penal 132/2025, en la que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia condenatoria, modificándola únicamente para reducirle cuatro días de prisión y quedando en cuatro años y seis meses. Apenas dos minutos después, policías procesales arribaron al hotel Franquette, ubicado sobre la carretera Pachuca–Actopan, habitación 37, donde el legislador se encontraba, para cumplir la orden de traslado girada por el juez segundo de ejecución de Pachuca, Héctor Erasmo Anaya Méndez, así lo narró Blanca Arely León Domínguez, quien también estuvo procesada por el mismo delito.
Traslado exprés
De acuerdo León Domínguez, la resolución fue notificada al mismo tiempo que se ejecutó su reingreso al penal, sin que las partes fueran informadas previamente, por lo que señalan que se viola el derecho de defensa y el debido proceso.
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Según lo manifestado, el Tribunal de Alzada notificó al Tribunal de Enjuiciamiento la sentencia a las 9:00 horas, y a las 9:52, el juez de ejecución ya había ordenado el inicio del cumplimiento del fallo. A las 10:59, la defensa recibió la notificación formal, cuando el exdiputado ya era trasladado al Cereso.
“En menos de dos horas notificaron al Tribunal de Enjuiciamiento y al de Ejecución, quienes de inmediato informaron al director del Cereso para que ordenara el reingreso de Edgar, incluso antes de notificarnos”, señaló la quejosa.
Narcomenudeo
Cabe recordar que la denuncia por narcomenudeo derivó de una denuncia anónima que llevó a la ejecución de un cateo en su domicilio y en ese cateo, presuntamente se halló, droga en envoltorios.
La defensa del exlegislador afirmó que desde la semana pasada se tramitaron amparos directos en los que se solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia, pero no tuvieron efectos.
“Será tarea de los medios y de la opinión pública evaluar si este es un actuar ordinario o si se trata de una justicia dirigida”, expresó Blanca Arely al dejar ver la actuación tan “efectiva y pronta” en este tipo de asuntos que calificó como “políticos”.
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