PACHUCA. - Luego de que el director general de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) en Hidalgo, Ernesto Jauregui Asomoza, señalara que existe un acuerdo con los pobladores de la comunidad de Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Mineral del Monte, los comuneros aseguraron que no existe tal acuerdo y que por el momento las obras carreteras correspondientes a la Pachuca – Huejutla (en ese tramo perteneciente a la Real del Monte - Huasca) continúan suspendidas, pues así lo ordenó un juez federal al otorgar la Suspensión.
En conferencia de prensa, Julio Gálvez, asesor jurídico de los inconformes, explicó que la semana pasada tuvieron un acercamiento con personal de la SICT, en donde se les hizo una oferta para la compra de sus terrenos; sin embargo, la cantidad estaba por debajo de lo solicitado por lo que no accedieron.
Recordó que la SICT ya ha entregado dinero a otros dueños de los terrenos, a pesar de que ellos han demostrado que existe un decreto presidencial emitido en 1924 en el que se establece que esas tierras son comunales, por lo cual los que se dicen dueños no pueden serlo, toda vez que una de las características es que ese tipo de tierras no se pueden vender ni embargar.
Te podría interesar
Indicó que han solicitado 14 millones de pesos de indemnización por sus tierras, mismos que serán distribuidos en 46 familias. Recordó que existe una suspensión que otorgó el juez de distrito el pasado 20 de marzo para que en ese tramo ya no continúe la obra, por lo que consideraron que las obras no concluirán en el tiempo estimado, pues reiteraron que no hay arreglo.
El asesor jurídico de los afectados comentó que les han ofrecido una indemnización que abarca a 12 políticos, pero insistió en que esos personajes no adquirieron los terrenos de manera legal, pues para empezar no estaban en venta, motivo por el cual no están de acuerdo que sean considerados en la indemnización.
En ese sentido, solicitó al Gobierno Federal que reconozca el decreto presidencial que data de 1924 y que otorga la propiedad a las 46 familias y les otorgue el pago correspondiente, pues aunque ya se entregó una indemnización con anterioridad no fue a los legítimos dueños.
Comentó que los 12 políticos cuentan con un título supletorio, que no es un título de propiedad, y a diferencia de ellos, a los comuneros sólo les quieren dar dos millones de pesos, cuando han pagado cantidades más grandes, aquí, subrayó que tiene la impresión de que quieren defender los intereses de políticos que poseen tierras en ese tramo.
mai