PACHUCA.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo revela deficiencias estructurales y operativas en las Áreas de Detención Municipal (ADM) del estado de Hidalgo, mismas que vulneran los derechos humanos de las personas detenidas, afectando condiciones de habitabilidad, seguridad, salud y dignidad.
En el informe presentado, incluye un detalle del número de celdas, colchones o colchonetas, así como el saneamiento y la seguridad y certeza Jurídica para las personas que en su momento llegan a caer en una barandilla.
En ese sentido, en relación con las celdas, la disponibilidad y dimensiones varían considerablemente; municipios con apenas una celda dificultan la separación entre hombres, mujeres y grupos vulnerables, lo que genera improvisaciones en espacios administrativos.
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El 14 por ciento de los municipios, precisa el informe, tienen únicamente una celda como es el caso de Omitlán de Juárez, San Felipe Orizatlán, La Misión o Emiliano Zapata.
En tanto, un 55 por ciento de los municipios disponen de dos celdas como San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez, Tlaxcoapan, El Arenal, Jacala de Ledezma o Acatlán, mientras que apenas el 26 por ciento cuentan con tres a cinco celdas, como es el caso de Zempoala, Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma.
Además, persisten casos de sobreocupación y distribución desigual, afectando la privacidad y seguridad, especialmente de mujeres. Las condiciones de habitabilidad presentan problemas graves: predominan planchas de concreto para dormir, mientras que colchonetas y cobijas son escasas y, en muchos casos, están en mal estado o sucias, lo que agrava las condiciones insalubres.
La iluminación eléctrica y natural es limitada en más del 40 por ciento de los municipios, mientras que un cuarto carece completamente de ventilación, generando ambientes sofocantes y riesgos para la salud.
En materia de saneamiento, la mitad de los municipios no cuenta con sanitarios funcionales dentro de las celdas, obligando a las personas detenidas a salir al exterior, lo que compromete su privacidad y salubridad. En municipios donde existen baños, su falta de mantenimiento genera condiciones insalubres.
La CDHEH menciona que la ausencia de protocolos efectivos de Protección Civil, señalética adecuada y extintores funcionales refleja un abandono de las medidas preventivas, poniendo en riesgo la seguridad de los detenidos y del personal. Asimismo, el derecho a la salud enfrenta una crisis generalizada; solo un pequeño porcentaje cuenta con consultorios médicos y personal asignado, mientras que la atención psicológica es prácticamente inexistente en el 94 por ciento de los municipios.
En cuanto a la seguridad y certeza jurídica, persisten fallas en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), el registro de llamadas y la notificación adecuada de derechos, lo que afecta la transparencia y garantías procesales.
La provisión del derecho a la alimentación es igualmente inconsistente; un porcentaje significativo de municipios no entrega alimentos o lo hace con una frecuencia y calidad insuficiente, sin registros formales que garanticen su cumplimiento.
Además, el monitoreo del derecho a la integridad física y mental evidencia problemas en la vigilancia, medidas preventivas limitadas y carencias en equipo médico necesario para certificar la condición de los detenidos.
Finalmente, - revela el documento - que, aunque las visitas son permitidas en casi todos los municipios, existen inconsistencias en su duración, registro y procedimientos de seguridad.
*Fotos: ilustrativas