PACHUCA.- Camas compartidas entre presos, paredes deterioradas, techos con filtraciones, mobiliario en mal estado e infraestructura con deterioro en general, son algunas de la características que registran los centros de Reinserción Social en la entidad, revela el Informe Anual de Centros de Reinserción Social en el Estado de Hidalgo 2024.
Lo anterior, es consecuencia de los principales problemas que evidencia la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), mismos que son: hacinamiento, gobernabilidad, falta de atención médica integral e insuficiencia de programas de reinserción social, teniendo como consecuencia violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad en los penales.
Te podría interesar
Hacinamiento
En cuanto al hacinamiento, la CDHEH arroja que es una problemática recurrente en varios Ceresos, pero se intensifica en Jacala, Ixmiquilpan y Actopan. Dicha condición obliga a las personas privadas de su libertad a compartir celdas y mobiliario básico como camas y colchonetas, generando condiciones de vida indignas y riesgosas para su salud.
A decir de la CDHEH, el hacinamiento incrementa las tensiones y conflictos entre los internos, afecta la calidad del descanso y propicia la propagación de enfermedades infecciosas debido a la proximidad constante.
El hacinamiento también impacta de manera negativa en la atención médica, ya que limita la capacidad del personal de salud para atender de manera efectiva a un número elevado de internos.
En Huichapan los dormitorios presentan condiciones “malas” con paredes deterioradas, techos con filtraciones, mobiliario en mal estado y falta de mantenimiento general evidenciando un deterioro significativo en la infraestructura.
Soluciones integrales
La Comisión de Derechos Humanos evidencia que la sobrepoblación en los centros penitenciarios refleja un problema estructural que requiere soluciones integrales como la ampliación de la infraestructura, la aplicación de políticas de reducción de penas para delitos menores y la promoción de medidas alternativas a la prisión.
Falla en controles de seguridad
La CDHEH expone que el hecho de que en los cateos y revisiones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SEPH) sobresalgan armas, drogas e incluso el uso de celulares es prueba de que existen condiciones de gobernabilidad en el interior de los centros de reinserción y es evidencia de la falta de controles de seguridad que pone en riesgo la integridad de los PPL (personas privadas de su libertad), el personal penitenciario y personas externas. Los reportes indican que en Ixmiquilpan y Tula estos objetos fueron detectados durante cateos realizados por las autoridades.
La gobernabilidad - cita el documento - está vinculada con la implementación de normas internas claras, protocolos adecuados para prevenir abusos y garantizar la seguridad, así como con el control efectivo sobre el ingreso de objetos ilícitos.
La presencia de drogas dentro de los centros contribuye a la proliferación de adicciones y al fortalecimiento de dinámicas de control entre grupos internos, lo cual debilita la gobernabilidad y genera un ambiente más propenso a los abusos y la corrupción, menciona la Comisión.
El uso de teléfonos celulares en los Ceresos también representa una problemática significativa, ya que facilita la comunicación no autorizada entre las PPL y personas externas, permitiendo en algunos casos la realización de actividades ilícitas.
Deficiente atención médica
El informe menciona que se identificaron deficiencias en la atención médica integral. La falta de medicamentos básicos en penales como Tula, Actopan y Tenango de Doria limita el acceso efectivo a la salud y pone en riesgo la vida de las personas privadas de la libertad que padecen enfermedades crónicas o agudas.
Asimismo, detecta que la salud mental es uno de los puntos menos cuidado, pues no hay atención psicológica ni psiquiátrica en la mayoría de los centros.
Ante la serie de problemáticas críticas en los Ceresos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo puntualizó que se deben implementar medidas concretas y coordinadas por parte de las autoridades penitenciarias y las instituciones responsables, por lo que recomendó atender la infraestructura de los penales, la atención a la salud, los programas de reinserción social, los grupos vulnerables, la seguridad y gobernabilidad.
*Fotos: especiales