PACHUCA. - Durante el mes de agosto, la Contraloría de Hidalgo recibió cerca de 35 solicitudes de atención por casos relacionados con acoso laboral y sexual en dependencias del gobierno estatal, dentro del llamado Protocolo Cero, que entró en vigor el 19 de agosto de 2020.
El propósito del Protocolo Cero es atender y sancionar el acoso sexual y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral en las dependencias y entidades de la Administración Pública del estado de Hidalgo, pero, hasta el momento, sólo opera a esa escala.
Por ello, Diana Rangel Zúñiga, diputada del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, presentó un acuerdo económico para exhortar a los 84 municipios de la entidad para que implementen este protocolo en sus respectivas áreas.
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En el pleno, la legisladora enfatizó que el acoso y hostigamiento sexual “laceran gravemente la dignidad de las personas, siendo las minorías las más afectadas por estas formas de violencia derivada de la desigualdad estructural de un sistema patriarcal”.
Señaló que muchas de estas conductas son normalizadas en diversos espacios, lo que ha obstaculizado el acceso a mecanismos de justicia y protección. En la propuesta se menciona que la Contraloría estatal recibió en agosto pasado 174 solicitudes por irregularidades, de las cuales, 20 por ciento (34.8) son por acoso y hostigamiento sexual y/o laboral.
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Aunque, indicó, el Protocolo Cero fue implementado desde 2020 en dependencias estatales, a escala municipal todavía existe una deuda con las personas que han sido vulneradas, por lo que consideró como medida necesaria que se instauren estas medidas en los 84 ayuntamientos para combatir todas las formas de violencia de género.
“Implementar el Protocolo Cero en los ayuntamientos no es solo una acción administrativa o simbólica; es un paso crucial para transformar de raíz las relaciones de poder y asegurar que los derechos de todas las personas sean respetados”.
Estas son las acciones que contempla el Protocolo Cero
Las acciones de prevención que las dependencias gubernamentales deben implementar para disuadir este tipo de conductas son: emitir por parte de los titulares un pronunciamiento de “Cero Tolerancia” a las conductas de acoso sexual y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral; asegurar que el personal reciba al menos una sesión anual de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres y prevención del acoso y hostigamiento.
Así como promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia, contar con el número necesario de las personas consejeras (dos por cada 100 servidores públicos), y fortalecer las capacidades de los servidores públicos para identificar conductas que impliquen acoso sexual y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral, entre otros.
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