Pachuca.— Realizan una segunda imputación en contra del exoficial Mayor de Hidalgo, Martiniano N, ahora por el presunto delito de peculado en agravio de la administración pública y una suma aproximada de 12 millones de pesos. El exfuncionario tiene una tercera orden de aprehensión girada en su contra que no le han podido ejecutar, toda vez que tiene un amparo otorgado por el juzgado de distrito.
La audiencia inicial de la segunda causa penal estaba programada para las 16:00 horas, pero la defensa del imputado, Adrián Vargas, solicitó unos minutos para hablar con su representado, y el receso se prolongó hasta cerca de las 17:00 horas.
Antes de iniciar, el juez Luis Raúl González Becerra preguntó si había algo que manifestar por parte de alguna de las partes y el agente del Ministerio Público solicitó que la audiencia se llevara a cabo de forma privada, ello, bajo el argumento que se revelarían números de cuentas bancarias, de contratos, nombres de instituciones bancarias, además que dentro de la causa penal se señala a otro presunto responsable que aún no ha sido aprehendido, a lo que el juzgador accedió.
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Tanto la defensa como el imputado solicitaron que la audiencia fuera pública; el argumento es que los medios presentes tenían que ser testigos de "la exhibida sobre lo grotesco, grosero y falta de conocimiento de Derecho. Temen ser exhibidos en lo que escucharemos", expresó el abogado. Al tiempo, que señalaba que la petición del MP no estaba sustentada, porque omitió la causal de excepción para el principio de publicidad. Y reiteró "si alguien tiene miedo es la fiscalía".
Por su parte, el imputado respaldó a su abogado defensor y sostuvo "el que nada debe nada teme. Coincido con mis abogados, yo no tengo problema que se den a conocer números de cuentas, propiedades o algún asunto personal, no soy responsable de este delito ni del otro que se me imputa por eso solicito que sea pública la audiencia".
Pese a la manifestación del imputado y su abogado, el juez resolvió que la audiencia fuera privada, pues -dijo- se corre el riesgo de que la información que se ventile y alerte a la otra persona que también está involucrada en los hechos.
Cabe señalar que en la primera imputación se atribuye el delito de peculado agravado por la cifra de 18 millones de pesos, por la compra de crema antiséptica que no estuvo apegada al procedimiento que establece la ley y porque presuntamente nunca ingresó al inventario.
Y trascendió que hay una tercera orden de aprehensión que le fue girada, pero no se puede ejecutar, toda vez que goza de la protección de la justicia federal.
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