Pachuca.– Giselle N, exfuncionaria de la Secretaría de Contraloría y de la presidencia municipal de Pachuca, promovió una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) contra la medida cautelar que la mantiene en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.
El 9 de junio del año en curso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que había ejecutado una orden de aprehensión en contra de Giselle N, quien presuntamente desempeñaba el cargo de titular del Órgano Interno de Control en el ámbito estatal y al mismo tiempo en el ayuntamiento de la capital.
Sin embargo, el 14 de junio la autoridad judicial le dictó la medida de prisión preventiva justificada dentro de la causa penal 823/2023, decisión con la que se inconformó Giselle N. Para el día 15 del mismo mes presentó su demanda de amparo para reclamar actos privativos de libertad.
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El asunto ingresó un día después a la mesa VII y finalmente fue admitido el 21 de junio en Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. Al día siguiente, Giselle N ofreció cinco pruebas, entre ellas: dos cartas de radicación que datan del 16 de noviembre de 2021 y del 6 de mayo de 2023.
Asimismo, una serie de entrevistas que se llevaron a cabo el 13 de junio –un par de días después de su aprehensión-; además de una carta de renuncia del 24 de enero de 2022.
En términos del numeral 143 de la Ley de Amparo, el Poder Judicial admitió los documentos y continua el juicio de amparo, el 28 de junio se llevará a cabo la audiencia incidental y un mes después la constitucional.
Los hechos que el Ministerio Público de la PGJEH le imputó a Giselle N presuntamente ocurrieron entre el 20 de septiembre de 2020 y 14 de enero de 2021, durante este plazo laboró en la Contraloría de Hidalgo que en ese entonces estaba liderada por César N, actualmente relacionado con el esquema de corrupción denominado Estafa Siniestra.
Sin embargo, la Procuraduría acusó que, al mismo tiempo, Giselle N colaboró en el municipio de Pachuca; es decir, durante la gestión del Consejo Municipal que encabezó Tania Meza Escorza, actual titular de la Secretaría de Cultura; incluso, parte de la gestión del actual alcalde Sergio Baños Rubio.
El artículo 301 bis del Código Penal para el Estado, indica que el delito de incumplimiento de un deber legal lo comete el servidor público que “sin causa justificada deje de cumplir con sus funciones”.
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